Revista Contaduría Pública marzo 2022

Desarrollamos de inmediato un plan que permitió al personal laborar desde sus casas, gracias a que contamos con equipos de cómputo de última generación, así como capacitación continua. Asimismo, generamos los protocolos de seguridad sanitaria requeridos y acordamos con los entes auditados la manera en la que se conducirían los procesos de fiscalización a distancia. Asimismo, como lo mencioné previamente, en esta etapa concretamos el llamado Buzón Digital de la ASF, el cual permitió el intercambio de información necesario para las auditorías, sin tener que desplazarse por el país. Esta iniciativa se vio acompañada de la aprobación expedita por parte del Legislativo, de las adecuaciones a la Ley de Fiscalización para autorizar a la ASF a llevar a cabo la fiscalización por medios electrónicos. Creo que se puede considerar como un logro importante para la institución que presido el hecho de que pudimos desarrollar nuestro trabajo, aun ante condiciones adversas, cuidando al máximo de nuestros cuadros de colaboradores. Con base en estos acontecimientos, ¿cómo considera que han cambiado las tareas que deben realizar los órganos de fiscalización superior local en todo el país? ¿Cuáles de estos cambios podrían seguirse promoviendo y adoptando para hacer más eficiente la labor que realizan (por ejemplo, el trabajo remoto, la digitalización de documentos, etcétera)? La fiscalización superior a nivel local debe reforzar muchas áreas de su gestión para poder estar a la altura de las expectativas de la ciudadanía. Por ejemplo, es indispensable profundizar la profesionalización de los equipos de auditores, promover servicios fiscalizadores de carrera, gestionar recursos materiales y financieros suficientes y, sobre todo, garantizar demanera estructural una estricta independencia de su actuación. Asimismo, desde mi perspectiva, en la fiscalización a nivel federal como estatal, debemos explorar alternativas para incidir de manera preventiva en la actuación de los entes públicos, ya sea por medio de auditorías concurrentes o en tiempo real. No obstante, es claro que para lograrlo se necesita del compromiso y cooperación de los legisladores. De concretarse este tipo de mejoras, las entidades fiscalizadoras del país podrían contar con información confiable para alertar, de manera temprana, sobre la ocurrencia de desviaciones o ineficiencias, analizar oportunamente los resultados de determinados programas o políticas públicas e, inclusive, servir como un disuasivo eficaz a las prácticas de corrupción que afectan la calidad de la gestión gubernamental. En tiempos de pandemia, este tipo de auditorías preventivas, de ningunamanera supondrían un entorpecimiento de las acciones de emergencia de las autoridades, sino un complemento para revisar su desempeño con flexibilidad y con apoyo de la tecnología. Ante este paradigma, ¿cómo considera que debe ser el papel que desempeñan las y los profesionistas que participan en la labor de fiscalización superior, para garantizar que cumpla sus objetivos, sin menoscabo de estas circunstancias? Ciertamente la implementación de las reformas legales y administrativas necesarias para una mayor automatización de los procesos, un uso intensivo de las tecnologías de la información y un aprovechamiento efectivo del análisis de las bases masivas de datos repercutirá en un ejercicio modernizado de la fiscalización superior; sin embargo, no debemos perder de vista que, a fin de cuentas, el elemento central de la auditoría sigue siendo el factor humano. Las herramientas informáticas incrementan la capacidad de incidencia de los auditores y agilizan los procesos, pero detrás de ello está un serio ejercicio analítico por parte de los auditores, que deben saber interpretar la información obtenida y determinar, por medio de sus observaciones, la mejor vía para mejorar la actuación de los entes auditados. En paralelo, como lo señalé previamente, es crucial el tema de la integridad, la imparcialidad, la honestidad y la vocación de servicio de quienes se dedican a estas actividades. Apegarse a un código de ética y de conducta para actuar de manera recta y honesta, dentro y fuera del trabajo, es uno de los elementos que distinguen a un profesional, en cualquier materia, no solo la fiscalización superior. En la medida en que estos conceptos formen la base de la gestión gubernamental, y que se vean reflejados en la eficacia, eficiencia, economía, oportunidad y transparencia de los actos de gobierno, existirá el reconocimiento, por parte de la sociedad, de que se está actuando en su favor. Necesitamos cuadros auditores solventes en los asuntos técnicos de su competencia, pero que también hagan suya una visión de compromiso con el interés común. La fiscalización superior no debe basar su visión exclusivamente en la aplicación de sanciones, sino orientarse al ámbito preventivo y en busca de una mejora real del ejercicio gubernamental. Por último, nos podría compartir algunas reflexiones finales y generales de su visión sobre la fiscalización superior en nuestro país, para el fortalecimiento del régimen democrático y para contribuir a la solución de problemas propios de la gestión pública (la opacidad, la corrupción, entre otros). Un corte transversal de los factores que generan mayor malestar en la ciudadanía es la crisis de credibilidad de las instituciones, debida a elementos como la corrupción, la ineficiencia o el excesivo burocratismo. Por ello, la generación de confianza es un asunto crucial para el relanzamiento de un país, bajo las directrices de un proyecto económico, social y político renovado. Es precisamente en dicha confianza en donde radica la credibilidad de las acciones de los funcionarios públicos. La rendición de cuentas y la transparencia son prácticas indispensables para alcanzar este objetivo. No sobra decir que los entes fiscalizadores deben ser instituciones modelo, cuya actuación se constituya en ejemplo para que otras instancias del sector público puedan aprender y emular. Actuar siempre en favor del interés público representa una responsabilidad adicional para el ente auditor, lo que quedará de manifiesto en resultados que sean de utilidad a la ciudadanía y a los sectores interesados. Es clave que la fiscalización superior proporcione una guía para los tomadores de decisiones que buscan opciones para transformar positivamente a las entidades públicas y al gobierno. En la medida en que la auditoría gubernamental pueda fortalecer la rendición de cuentas, la integridad y la transparencia de las entidades públicas, demuestre su relevancia para los intereses de los ciudadanos y guíe con el ejemplo, esta actividad constituirá una diferencia real en las vidas de los mexicanos. Finalmente, no quiero dejar pasar que el trabajo de la Auditoría es a veces sujeto de presiones derivadas de la actividad política, en OLACEFS nuestra organización regional, cuya Asamblea General será este año en México, es prueba de ello, como han manifestado, órganos de fiscalización hermanos de diferentes países. Se aplaude el enfoque preventivo, pero muchas veces se nos exige “sangre” y nos quieren utilizar en el debate político, presionando a la Auditoría Superior. Pero, por medio del diálogo y la transparencia, así como del trabajo intenso entre la ASF y los entes auditados, estamos teniendo mejores resultados. Un peso que se reintegre a la TESOFE, es parte de un proyecto que aprobaron los legisladores para beneficiar a la gente, al pueblo, que es el que pierde una obra, una mejora a sus niveles de vida. Muchas gracias por esta conversación con la revista Contaduría Pública del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Dra. Laura Grajeda Trejo, Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Dra. Ludivina Leija Rodríguez y C.P.C. Ivone Henestrosa Matus DOSSIER 12 CONTADURÍA PÚBLICA 13

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