Los gobiernos están obligados a diseñar políticas públicas que coadyuven a reducir la contaminación ambiental sin afectar el crecimiento económico. Los impuestos ambientales se pueden implementar con fines diferentes a los recaudatorios. La SCJN ha declarado que la facultad en materia ambiental no es exclusiva de la federación, sino concurrente con los estados.