Por Dr. René Humberto Márquez Arcila/Auditor Superior del Estado de Yucatán/Vicepresidente del Sector Gubernamental del IMCP
Fotos de José Saborit Santa
La entrada en vigor del sistema nacional anticorrupción el pasado mes de julio de 2016, conlleva para las instituciones que participan directamente en su operación un gran compromiso con la ciudadanía en materia de transparencia y rendición de cuentas. Hoy el Auditor Superior de la Federación, Contador Público egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y participante activo del Colegio de Contadores públicos de México, destacado por su labor en el sector gobierno, aborda el tema del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) desde la óptica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en esta entrevista realizada por el vicepresidente del Sector Gubernamental del IMCP, el Dr. René Márquez Arcila, Auditor Superior del Estado de Yucatán
Ante la aprobación de las leyes del SNA, ¿qué retos y oportunidades se vislumbran para la ASF en el corto y mediano plazo?
Una modificación tan considerable como la que se deriva del surgimiento del SNA implica serios desafíos para la ASF en materia presupuestaria y organizacional, en tanto que el universo auditable se amplía considerablemente debido a la inclusión de las participaciones federales, la fiscalización de los ejercicios en curso y anteriores, así como el papel de la ASF en el Comité Coordinador del Sistema, su liderazgo en el SNF y su contribución directa como miembro del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).
Este compromiso se enfrenta a altas expectativas de distintos grupos de la sociedad que están alimentadas, en gran medida, de la necesidad de atestiguar cambios estructurales de manera inmediata y, por consiguiente, de soluciones efectistas.
En este contexto, existe el riesgo de que la labor de la ASF se parametrice en función del número de sanciones administrativas y penales que se deriven de sus revisiones. En otras palabras, es probable que los indicadores de éxito del Sistema erróneamente se sesguen hacia el ámbito correctivo.
Adicionalmente a estas situaciones que involucran elementos externos, la ASF requerirá definir un plan de acción que abarque los posibles riesgos e incluya las nuevas demandas que le plantea su entorno.
Asimismo, el SNA es una importante oportunidad para potenciar y hacer más eficaz la relación existente entre la ASF y la Cámara de Diputados, teniendo como fin último el fortalecimiento de la labor legislativa y con ello contribuir al equilibrio de poderes del sistema democrático.
Una tarea inaplazable por parte de la institución es identificar e implementar una política de comunicación efectiva con la sociedad y distintos grupos de interés. Esto incluye el rediseño de los productos de la ASF con un lenguaje claro, a fin de que se conviertan en una referencia para diversos ámbitos ciudadanos. De la misma manera, es necesario explotar las tecnologías de la información para ampliar la oferta de productos con datos abiertos y que contribuyan a elevar la calidad del debate respecto a la gestión gubernamental y a la implantación definitiva de una cultura de rendición de cuentas.
La ampliación del universo auditable por parte de la autoridad federal en la materia y la creación de nuevas atribuciones, muy distintas a la auditoría gubernamental tradicional —como las facultades de la ASF de investigar y substanciar faltas administrativas graves— nos hablan de un parteaguas en el que una labor fundamental en materia de gobernanza, la auditoría gubernamental se pone bajo la tutela y el control de una sola institución.
Considero que esta decisión representa un signo alentador de la valoración que se tiene de la labor de este ente el auditor, puesto que reconoce, de manera fáctica, la trascendencia que tiene la fiscalización para el cumplimiento de los objetivos del SNA. Sin embargo, también la interpreto como uno de los mayores retos que ha enfrentado la ASF: cumplir cabalmente con el mandato que se nos ha otorgado exigirá el desarrollo de metodologías, áreas especializadas y cuadros de servidores públicos con las capacidades necesarias para desahogar sus responsabilidades. La credibilidad, la confiabilidad, el carácter técnico, la rigurosidad analítica y el profesionalismo en el desempeño de la auditoría gubernamental deben ser los pilares de esta nueva etapa en la vida institucional de la ASF. Es un compromiso que ha generado muchas expectativas, y ante el cual será preciso ofrecer el mejor de los desempeños.
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/juan-manuel-portal-martinez/nacion/2016/08/18/un-nuevo-modelo-de
¿Qué beneficios representa la coordinación y el fortalecimiento que se logrará mediante el SNA de la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia, la Fiscalía especializada en materia de combate a la Corrupción y el Comité de Participación Ciudadana?
El SNA representa la instancia de intercambio institucional en materia de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción en los tres ámbitos de gobierno.
En ese sentido las siete instancias integrantes de su Comité Coordinador desarrollarán e implementarán políticas transversales y de alcance nacional en materia de combate a la corrupción, mismas que deberán sustentarse en una correcta vinculación de funciones como transparencia y acceso a la información, control interno, fiscalización, investigación, así como la imposición de sanciones correspondientes.
Es preciso desechar la idea de que el SNA es la simple concurrencia de los integrantes del Comité Coordinador.
La parte medular del Sistema será la construcción de una política integral anticorrupción, por medio de la promoción de programas que abarquen a los tres órdenes de gobierno, y cuyo fin último sea el establecimiento de entornos institucionales en donde predomine la integridad. Es importante subrayar que el Comité Coordinador del Sistema está concebido para organizar estratégicamente las acciones que involucrarán a la totalidad de los entes gubernamentales, en relación con este tema.
Asimismo, el SNA representa un canal formal de comunicación e intercambio de experiencias institucionales, con el propósito de enlazar y hacer coherentes esfuerzos aislados e inconexos para fortalecer la rendición de cuentas.
No se busca centralizar e imponer la toma de decisiones, sino construir consensos para generar políticas y programas comunes de alcance nacional entre quienes tienen una responsabilidad pública.
No obstante lo anterior, las labores de coordinación, de ninguna manera implican el remplazo de las facultades de las entidades públicas dotadas con un mandato legal para llevar a cabo acciones específicas en la materia, así como la obligación de cumplir con sus atribuciones.
Cada integrante del SNA debe alcanzar sus objetivos institucionales, pero en un marco común que permita el reforzamiento mutuo y la complementación de los resultados de sus gestiones respectivas.
Como resultado de los comentarios vertidos en la dinámica de grupos de enfoque realizada para la cuenta pública 2014, ¿qué aspectos tomó en cuenta la ASF para atender las peticiones de los entes auditados, referentes a maximizar la utilidad de la información generada como resultado de las auditorías realizadas?
En el Informe General de la Cuenta Pública 2013, se presentaron los resultados de un ejercicio realizado por la ASF para conocer los beneficios no financieros de la fiscalización superior, con base en información proporcionada por los entes revisados y las áreas auditoras. Para la Cuenta Pública 2014 se buscó el apoyo de un consultor externo e independiente para conocer, con mayor precisión y detalle, las percepciones de distintos colectivos sobre el quehacer de la institución.
De acuerdo con lo anterior, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) llevó a cabo el Estudio sobre el Conocimiento, Utilidad y Áreas de Mejora de la Fiscalización Superior, en el que utilizó distintas técnicas de investigación, entre las que destaca la de “Grupos de Enfoque”, a fin de reunir datos sobre la percepción de distintos usuarios de la información generada por la ASF.
Con base en dichos resultados, la ASF ha buscado mejorar su comunicación con los entes auditados, así como reforzar las medidas de control de calidad y supervisión de las labores relacionadas con nuestro trabajo de fiscalización.
¿Cuáles son las observaciones relevantes de las auditorías en el sector federal, los estados y los municipios acerca de la última cuenta pública?
En el sector público se observan áreas clave, con importancia relativa en el presupuesto federal y relevancia en el funcionamiento del aparato estatal. Estas presentan vulnerabilidades que: 1) están afectando, actualmente, la operación y ejecución de los programas y, en el futuro, se materializarán en la repetición de fallas o irregularidades, o 2) de momento no presentan problemas, pero es altamente probable que se observen en periodos subsecuentes.
La materialización de los riesgos puede repercutir en cuatro planos distintos:
Gasto público aplicado de manera inadecuada e inercial.
Recursos públicos utilizados fuera de lo dispuesto en la normativa aplicable.
Metas propuestas en programas y políticas públicas no alcanzadas, a pesar de cumplir con la norma.
Deterioro de la imagen que la sociedad tiene del Estado.
Las 11 áreas clave de riesgo determinadas como resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2014 son las siguientes:
Información sobre beneficiarios de programas sociales.
Revelación de pasivos y gastos.
Integración efectiva de la participación ciudadana en la gestión de los programas públicos.
Adquisiciones, contrataciones o inversiones que cumplan la norma, pero que no representan las mejores condiciones para el Estado.
Obra pública.
Participación de intermediarios en la dispersión del gasto público.
Subejercicios.
Débil incorporación de tecnologías de información en el ejercicio gubernamental.
Programas públicos duplicados y sin coordinación.
Servicios suministrados por particulares.
Diseño e implementación de la política para atender el problema público.
Es mejor prevenir que remediar; por ello, ¿cuáles son las estrategias que ha implementado la ASF en materia de prevención y control interno para evitar la recurrencia de observaciones y sanciones?
El control interno conlleva un enfoque preventivo con la finalidad de evitar casos potenciales de errores, abuso, desperdicio y corrupción al interior de las instituciones públicas.
Estoy consciente de que el concepto de “control interno” puede resultar complejo y ajeno; incluso suele pensarse que solo se trata de la auditoría interna de una institución. Sin embargo, en términos generales, el control interno es el conjunto de medidas (incluida la auditoría interna) que instrumenta una institución para reducir riesgos y asegurar el cumplimiento de sus objetivos.
En cuanto a la percepción de lejanía o de poca relevancia, hay que destacar que, en la medida en que las instituciones públicas cuenten con un control interno efectivo, podemos confiar en que están cumpliendo con sus objetivos y haciendo buen uso de los recursos públicos que provienen de nuestros impuestos y que les son asignados para brindarnos bienes y servicios.
En este contexto, la promoción de la cultura del control interno y su evaluación se han convertido en un objetivo estratégico de la ASF.
En 2013 la ASF realizó un primer estudio denominado Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Sector Público Federal (estudio núm. 1172), durante la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, con el propósito de evaluar el establecimiento de los componentes del Sistema de Control Interno, a fin de identificar posibles áreas de oportunidad y sugerir, en su caso, acciones que lo fortalezcan e incidir en su eficacia.
Durante 2014 y 2015, con base en las evidencias de las acciones efectuadas por las instituciones para el fortalecimiento de sus sistemas de control interno, la ASF actualizó el diagnóstico realizado mediante el primer estudio núm. 1172.
Por ello, la ASF llevó a cabo un segundo estudio que lleva por nombre Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la Difusión del Estudio de Integridad en el Sector Público (estudio núm. 1198), durante la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013; asimismo, realizó un tercer estudio denominado “Estudio sobre la Implementación de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal (estudio núm. 1641), en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014.
Para la actualización del diagnóstico se utilizó el mismo modelo de valoración aplicado en el estudio de control interno realizado por la ASF en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2012.
La evaluación se realiza con base en un modelo denominado COSO, considerado internacionalmente como la mejor práctica en la materia. El principal propósito de este ejercicio es promover el establecimiento de sistemas de control interno, orientado al logro de los objetivos institucionales y la promoción de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión pública, así como la reducción de los espacios a posibles abusos, desperdicio y corrupción.
http://m.eluniversal.com.mx/notas/articulistas/2014/07/71253.html
http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Control_Interno_11-08-16.pdf(ASF. Estudios sobre la Implementación de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal)
¿Qué opina de la comentada Ley 3 de 3?
Aunque es plausible que dicha iniciativa sea el resultado de un amplio trabajo ciudadano, existen elementos en los que estoy en desacuerdo. La coloquialmente denominada Ley 3 de 3 no es ninguna ley. El verdadero ordenamiento legal se denomina Ley General de Responsabilidades Administrativas, y así debemos llamarla y que la ciudadanía debe identificarla como tal y dimensionar que dicha ley no implica únicamente que los funcionarios rindan cuentas a la población a través de su declaración fiscal, patrimonial y de intereses, sino que el ámbito de aplicación y su impacto será mucho mayor, ya que contribuirá en gran forma a unificar criterios en materia de responsabilidades administrativas en los tres niveles de gobierno.
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=917361
http://www.elvigia.net/general/2016/4/10/nuestra-responsabilidad-233473.html
¿Cómo promueve la ASF la ética en el servicio público, al interior de la institución?
Al cumplir con su mandato, la ASF promueve la orientación estratégica de la acción pública, aumenta la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado y colabora a la consolidación de una cultura gubernamental de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
Por la relevancia de su actuación y la visibilidad de sus resultados es natural que el órgano de fiscalización superior genere ante la sociedad y las entidades del aparato gubernamental una alta expectativa de adhesión a modelos de comportamiento basados en la honestidad, la ética y el profesionalismo en el desarrollo de sus actividades.
En el contexto de esa expectativa, y con objeto de garantizar la más alta probidad y confiabilidad por parte de sus servidores públicos, la ASF ha desarrollado una Política Institucional de Integridad, la cual contiene diversos instrumentos para orientar las actividades de su personal a fin de que estas se realicen bajo estrictos principios y lineamientos de independencia, imparcialidad y rigor técnico.
La ASF también ha diseñado un sistema para la recepción de información procedente de distintos actores. Los datos se recibirán en la plataforma Denuncia y Participación Ciudadana mediante cuatro módulos: Compartir Información (denuncias de irregularidades por parte de servidores públicos); Alerta Empresarial orientada a entes privados que interactúan con el sector público; Sugerencias de Auditoría a la ASF (propuestas provenientes de cualquier ciudadano como un insumo dentro de la metodología de programación de auditorías; denuncia contra servidores públicos de la ASF (posibles faltas de integridad del personal de la institución).
De manera adicional, la ASF ha utilizado una herramienta, reconocida internacionalmente, para identificar riesgos de integridad al interior de las Entidades de Fiscalización Superior del país.
Esta herramienta originalmente se denominó SAINT. El Modelo SAINT (Self-Assessment of Integrity) fue diseñado por el Ministerio del Interior y la Oficina de Integridad de la Ciudad de Amsterdam. Esta herramienta permite que las organizaciones del sector público realicen un análisis de riesgos con enfoque de integridad al interior de sus áreas. El objetivo es determinar la fortaleza de los controles internos implementados por las instituciones, fortalecer las capacidades del personal y promover la buena gobernanza.
La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) adoptó este marco metodológico y lo denominó INTOSAINT.
Se trata de un modelo innovador que permite arrojar recomendaciones sobre la forma en que las organizaciones pueden mejorar su gestión de integridad institucional.
El modelo se basa en la realización de talleres, con duración de tres días, en los que participa un grupo selecto de funcionarios públicos de la dependencia autoevaluada, quienes son guiados por moderadores externos, y que resulta en la emisión de recomendaciones que deben ir acompañados de un programa de acción y seguimiento.
La ASF ha formado a más de 80 moderadores provenientes del personal de las Entidades de Fiscalización Superior en todo el país, quienes cuentan con las capacidades para liderar la realización de los talleres.
http://intranetasf/info/sustantivo/MarcoJuridico/ASF/Política%20Institucional%20de%20Integridad%20de%20la%20ASF.pdf (Código de Integridad de la ASF)
http://blog-asf.gob.mx/?paged=4
¿Cómo se están creando las capacidades de los profesionales que se dedican a la labor de fiscalización en la ASF?
La ASF ha implementado, desde 2012, la Certificación en Fiscalización Superior Profesional, a fin de mejorar las competencias de los servidores públicos de la institución; aplicar las mejores prácticas reconocidas internacionalmente en materia de fiscalización superior; unificar y fortalecer las competencias conceptuales y metodológicas del personal, y alcanzar un mayor impacto en la fiscalización superior, apoyando la construcción de instituciones más sólidas y demostrando mayor credibilidad en la sociedad mexicana.
Mejorar la calidad de las auditorías practicadas con el fin de garantizar la credibilidad de sus resultados, representa un elemento de capital importancia para coadyuvar a la modernización gubernamental, al abatimiento de la corrupción y al uso más efectivo de las aportaciones que hace la ciudadanía por medio de sus impuestos. La Auditoria Superior de la Federación cuenta con un programa de becarios y actualmente participan cerca de 600 jóvenes entre estudiantes que cursan el último año de la carrera o pasantes, quienes al terminar un año de becarios pueden aspirar a ser considerados como candidatos a ocupar plazas vacantes.
Los becarios aprenden a trabajar con base en las políticas de la ASF y al existir vacantes constituyen una bolsa de trabajo permanente y confiable con experiencia probada en el trabajo, lo cual resulta en un esquema de promoción y productividad muy sencillo de operar. Existe una gran oportunidad de trabajo para muchas carreras y contamos con casos de éxito de jóvenes universitarios que iniciaron como becarios y han llegado a ocupar cargos de directores o subdirectores, cuyas historias se convierten en un aliciente motivacional de superación para todo estudiante o recién egresado.
¿Qué opinión tiene de los comités de participación ciudadana, así como de los cambios significativos (auditorías al iniciar el 1 de enero, informes individuales, etc.), del SNA?
Dentro del ámbito de la auditoría gubernamental, uno de los efectos de mayor trascendencia del recientemente promulgado paquete de leyes para la implementación del SNA es la ampliación del mandato de la ASF con el objetivo de incrementar sustancialmente el impacto de la fiscalización en el mejoramiento de la administración pública.
A raíz de las reformas propuestas se otorgó al ente fiscalizador superior la capacidad de revisar además de los recursos transferidos a estados y municipios en la forma de fondos etiquetados para rubros como la salud, la educación, la seguridad y la creación y el mantenimiento de infraestructura, las participaciones federales y la deuda pública a nivel subnacional garantizada por la propia Federación.
La participación de organizaciones ciudadanas en esta importante coyuntura ha representado un elemento de gran valía y trascendencia, ya que se trata de un problema que ha hecho mucho daño a la sociedad. Su relevancia está por encima de toda duda; sin embargo, está sujeta a riesgos y vulnerabilidades que deben ser visualizadas.
Por ejemplo, la existencia de un sistema de denuncia ciudadana debe matizarse con los controles necesarios para desincentivar la formulación de acusaciones sin pruebas o el uso mercenario del sistema para un beneficio personal.
Es necesario alertar respecto a que la intervención de distintos sectores sociales y grupos organizados en la lucha anticorrupción podría burocratizarse o verse inmersa en incentivos que son los que originalmente se está luchando por evitar.
Por ello, es preciso que las instancias ciudadanas evalúen al Sistema con el objetivo de mejorarlo y no convertirlo en un foro enfocado en cuestionar a las instituciones encargadas de administrarlo, cuando no se obtienen resultados inmediatos o de carácter mediático.
La participación ciudadana no debe ser interpretada como la comprobación de que la corrupción debe ser atribuida exclusivamente al sector gubernamental. Es necesario tener presente la posible corresponsabilidad del sector privado que interactúa con entidades públicas en el caso de que se presenten irregularidades.
En lo que toca a auditorías sobre el ejercicio en curso y anteriores, de acuerdo con la reforma constitucional existen dos requisitos para que la ASF pueda realizar auditorías durante el ejercicio en curso y previos al año de la Cuenta Pública que se está revisando: 1) denuncia fundada y motivada, y 2) autorización por parte del Auditor Superior de la Federación.
Estas nuevas atribuciones deberán estar acotadas de manera adecuada en la ley de fiscalización, con el fin de garantizar la autonomía técnica y de gestión de la ASF, así como evitar que se ponga en riesgo el valor y el beneficio de la labor auditora al convertirla en un medio para atender la coyuntura política.
Por otra parte, la reforma constitucional establece la posibilidad de que el órgano de fiscalización federal lleve a cabo investigaciones en el contexto de la identificación de irregularidades administrativas de los servidores públicos.
(Taller sobre el SNA)
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/juan-manuel-portal-martinez/nacion/2016/08/18/un-nuevo-modelo-de
(Informe General)
Por último, ¿algún mensaje que desee enviar a los contadores públicos de todo el país?
La Contaduría Pública en México cuenta con una gran oportunidad de aportación profesional en materia de contabilidad gubernamental.
El proceso de rendición de cuentas en el país marca una tendencia hacia la dictaminación independiente de los estados financieros de las entidades públicas que, a su vez, integran las cuentas públicas, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental; esto constituye un espacio de desarrollo profesional para los profesionales certificados.
El tema del desarrollo y evaluación de los sistemas de control interno constituye otro elemento de gran importancia en donde la Contaduría debería participar. La implantación, gestión y control de operaciones de los sistemas de control interno organizacional debe constituir un tópico para el desarrollo de la profesión contable.
Creo que es importante mencionar que debemos pugnar por la exigencia de un perfil muy estricto para los servidores públicos que ocupen las contralorías en el país, que contemple conocimientos, experiencia y habilidades en materia de contabilidad, control interno y auditoría. En términos porcentuales, las principales observaciones que destaca la ASF en 2014 se refieren a deficiencias en el control interno, en ese sentido la Contaduría Pública debemos y podemos aportar mucho en tema de control interno, no solo para efectos financieros, sino de manera integral.
El combate a la corrupción lo hacemos todos, un actuar responsable y comprometido con nuestra profesión, en cualquier ámbito que nos desempeñemos, siempre contribuirá a generar ambientes de desempeño apegado a normatividad y ética en el servicio. Como Contaduría Pública organizada sigamos trabajando junto con las instancias gubernamentales, no solo para detectar riesgos en materia de corrupción, sino también para evitar su ocurrencia.
Agradezco al Instituto Mexicano de Contadores Públicos y a la revista Contaduría Pública la oportunidad brindada mediante este espacio que nos permite fortalecer más los lazos de comunicación y colaboración entre la profesión y el sector gubernamental.
¡Enhorabuena!