63 AMDAD romper silos de información para que los datos sean comparables, accesibles y utilizables. El objetivo principal de la Política Nacional Anticorrupción es asegurar la coordinación de acciones de todos los entes públicos que integran el Estado mexicano y el involucramiento de los distintos sectores de la sociedad con la finalidad de asegurar un control efectivo de las distintas manifestaciones de la corrupción en todos los niveles de gobierno. No obstante lo anterior, penosamente los índices para medir la corrupción a escala internacional nos arrojan los siguientes resultados: • El último Índice publicado por Transparencia Internacional, ubica a México, en relación con los 180 países que conforma el listado en el lugar 124. • Por otro lado, el “World Justice Project”, ha publicado en su propio ranking compuesto de 139 países, que México en el rubro de ausencia de corrupción, está en la posición 135, es decir, de los países peor calificados del Ranking del WJP. Como podemos ver, el desempeño del SNA no ha sido el óptimo, quizá es por eso por lo que se avizora que, desde la Titularidad del Ejecutivo Federal, se presentará una iniciativa que desaparezca por completo al SNA. El SNA tiene un gran potencial y podría ayudar en gran medida a que disminuya la corrupción y la impunidad en nuestro país. Algunas sugerencias que el Comité de Participación Ciudadana podría hacer al Comité Coordinador del SNA para mejorar sus resultados son: 1. Que los nombramientos de los integrantes del CPC, ya que son remunerados, que sean de tiempo completo y con informes de su gestión, por lo menos cada trimestre. 2. Que las convocatorias del Senado para integrar la Comisión de Selección del SNA tengan más difusión. 3. Que se modifiquen, a escala Federal y Estatal, de manera sustancial, los requisitos para integrar los cargos de secretario de la Función Pública (contraloría en algunos estados) y Auditor Superior de la Federación (titulares de los órganos de fiscalización superior en los estados) estableciendo un perfil más estricto desde los planes de estudio de las licenciaturas que se proponen califiquen para ocupar esos cargos. 4. Que se aprovechen los beneficios que otorga la profesión contable en la elaboración de dictámenes (informes de auditoría independiente) para todas las empresas que participen en licitaciones públicas, tanto nacionales como internacionales bajo la cobertura de los tratados de libre comercio con el objeto de que la Situación Financiera y la solvencia de esas empresas tengan una opinión profesional independiente (distinta y sin sesgo) de las empresas responsables en preparar y presentar esa información financiera a las áreas contratantes. 5. Que se difunda con mayor intensidad el programa de los Testigos Sociales en las contrataciones públicas para que más gremios de profesionales se capaciten y puedan participar para brindar este importante y benéfico servicio a la sociedad. 6. Que se amplíen sustancialmente los presupuestos de los entes de fiscalización superior a nivel Federal y Estatal para que la muestra de revisión de esas auditorías sea mucho más representativa y pueda demostrar un impacto sustancial en los resultados que presentan. 7. Finalmente, que el calendario de los informes que presenta la Auditoría Superior de la Federación, quede en nada más un informe de resultados el 20 de febrero de cada año, desapareciendo los informes intermedios de (x) y (y), con el objeto de que la profundidad de las auditorías sea mayor, que la calidad de los resultados se incremente y que así, de nueva cuenta, se tenga más tiempo para fiscalizar los recursos que pertenecen al pueblo, en lugar de que la institución esté usando ese tiempo en preparar informes tres veces al año. Sobre el fenómeno para combatir la corrupción, podemos recordar lo que decía Montesquieu: “una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad”.
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