C.P.C. y M.A. Mónica Leticia Acosta Miranda
Coordinadora de Posgrado del Tecnológico Nacional de México
(TecNM), Campus Cuautla
Secretaria del Colegio de Contadores Públicos de Cuautla, A.C.
monycaacosta@yahoo.com
Síntesis
La corrupción es un problema que afecta a todos los países del mundo y a todas las culturas, que se ha expandido y extendido a lo largo y ancho de las relaciones humanas y sobre la cual se hace necesario, de manera urgente, un trabajo conjunto entre autoridades y sociedad para erradicarla.
En la consecución de este propósito es importante considerar la tecnología como un instrumento que ayude a detectar y controlar la corrupción, a fin de reducirla y así estar en condiciones de gestionar de manera más eficaz y eficiente los recursos públicos en favor de la sociedad. Sin embargo, es necesario mantenerse atento a los posibles riesgos que esto conlleva.
Todos los días y en cualquier medio de comunicación escuchamos hablar de corrupción que, desafortunadamente, se ha convertido en una práctica extendida no solo en México o en los países en desarrollo, sino que a escala mundial.
El Diccionario de la lengua española define la corrupción como “la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios en provecho, económico o de otra índole, de los gestores en las organizaciones, especialmente en las públicas”.1
La corrupción se ha expandido y extendido a lo largo y ancho de todas las relaciones humanas. Podemos encontrarla, tanto en el gobierno como en las empresas, y desde las esferas más altas del poder hasta en los actos cotidianos, por lo que ha provocado desinterés apatía al llevarnos a pensar que ya nada se puede hacer, creando la idea de que es algo común que no tiene consecuencias ni solución. Detectar, denunciar y castigar la corrupción va de la mano con definir los actos delictivos, tanto leves como graves, para hacerlos visibles y entender cuáles son los correctivos y castigos correspondientes, lo que hace necesario y urgente, un trabajo conjunto entre autoridades y sociedad.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, en su edición 2018, México obtuvo una calificación de 28 puntos, lo que lo ubica en la posición 138 de una lista de 180 países, colocando al país como el más corrupto entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del G-20.2 En el caso de México, la corrupción ha avanzado año con año. En 2012 la calificación obtenida fue
de 34, que bajó a 31 en 2015, a 30 en 2016 y a 29 en 2017.
En su análisis, Transparencia Mexicana señala que algunos de los factores que han contribuido a estas cifras son la “falta de una política anticorrupción y a que las medidas adoptadas son de carácter preventivo,
muchas de ellas han resultado ineficaces y pocas medidas conducen a la sanción o a la reparación del daño a las víctimas”.3
Cifras como estas hacen urgente acabar con la corrupción, lo cual generará beneficios para todos, permitiendo gestionar de forma efectiva la inversión pública con
los provechos sociales que esto conlleva. Afortunadamente
la tecnología, apoyada de un programa de políticas integrales, puede convertirse en una herramienta fundamental para fortalecer la institucionalidad, la gestión pública, la transparencia y el uso efectivo de los recursos, permitiendo al ciudadano común y a las organizaciones del sector privado realizar un seguimiento permanente, censurando las acciones corruptas de manera oportuna y óptima. Por esa razón es importante considerarla como una estrategia para la detección y control de la corrupción con el fin de reducirla, ya que la tecnología y las herramientas digitales pueden aportar mucho en la lucha contra ese
flagelo.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la administración pública de todos los niveles se convierte en un instrumento para mejorar sus funciones y ofrecer múltiples ventajas: reducción en los tiempos para la realización de trámites; disminución en los costos de operación por parte del sector público al realizar transacciones con clientes y proveedores, y mayor difusión de información actualizada para los ciudadanos.
También apoya a reducir la corrupción, al mejorar la disponibilidad y actualización de la información, simplificando los procesos y evitando situaciones de información asimétrica entre los servidores públicos y los ciudadanos. Permite contar con evidencias de auditoría y, en el caso de la gestión tributaria por medio de la tecnología, se reducen las prácticas
discrecionales evitando procesos de corrupción y generando sistemas transparentes y confiables con el objetivo de lograr aumentar la recaudación de manera efectiva.
La integración de nuevos mecanismos tecnológicos en contra de la corrupción en México surge durante el mandato del expresidente Ernesto Zedillo, y empieza a tomar forma durante la presidencia de Vicente
Fox. Desde entonces, el gobierno electrónico se ha constituido como una herramienta que, poco a poco, mejora el acercamiento del gobierno con los ciudadanos.
En este sentido, México ha mostrado interés por mantenerse a la par de los países desarrollados, implementando mecanismos que desarrollen el gobierno electrónico para simplificar los procesos públicos,
incrementar la información disponible y mejorar las transacciones entre el sector público y la población en general.
Las primeras actividades gubernamentales digitalizadas, debido a su vulnerabilidad ante actos de corrupción, fueron las contrataciones públicas por medio del Sistema CompraNet, al ser esta una actividad económica clave para los gobiernos, ya que la forma en la cual se ejerce el dinero de los contribuyentes no solo afecta la calidad de los servicios públicos,
sino que es un elemento de interés nacional con potencial para impulsar la productividad de la economía.
Sin embargo, este sistema no ha funcionado como se esperaba y la OCDE ha hecho la recomendación de que: el sistema CompraNet abarque el ciclo completo de la contratación pública, en las fases previas y posteriores a la licitación; avanzar en la interoperabilidad de CompraNet con otros sistemas gubernamentales, como los relativos a presupuesto y programación, asegurar la calidad de la información que se sube al sistema electrónico y la adopción de formatos homologados que permitan la reutilización de datos.4
Por otra parte, le reconoce como ventajas la generación de ahorros en los costos de transacción de los procesos de compra, y como una palanca efectiva para incrementar la competencia y, en consecuencia, reducir los precios pagados por las instituciones públicas.
Otra de las medidas tomadas por el gobierno de México en el combate a la corrupción fue la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA),
el 27 de mayo de 2015, “cuyo objetivo radica en prevenir, investigar y sancionar las faltas y delitos relacionados con la corrupción, así como vigilar y controlar la forma en que las instituciones de gobierno
utilizan los recursos públicos”.5
Uno de los elementos principales del Sistema Nacional Anticorrupción es la llamada Plataforma Digital Nacional (PDN) cuya función es integrar y conectar los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información sobre seis categorías de sistemas que contienen datos estratégicos en el combate contra la corrupción.
Los mecanismos de operación de la PDN se establecen en el Título IV de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA). De acuerdo con el artículo 49 de esta ley, la plataforma cuenta con seis sistemas:
1) Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de Declaración Fiscal (Ley 3 de 3), 2) Sistema de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, 3) Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares sancionados, 4) Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, 5) Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción y 6) Sistema de Información Pública de Contrataciones.6
A su vez, el artículo 50 de la LGSNA destaca que la creación de una plataforma, con los sistemas mencionados, permite el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para hacer transparente la información de los servidores públicos y particulares que cometan actos de corrupción, así como de las denuncias y procedimientos relacionados con el SNA. Para su adecuado funcionamiento se garantizará su estabilidad y seguridad; además, se buscará homologar sus procesos y que su uso sea sencillo para los usuarios.
Como se puede apreciar, la corrupción afecta a los factores clave del crecimiento, tales como la innovación, la difusión de nuevas tecnologías y la asignación de recursos.
Por consiguiente, mitigar el riesgo de corrupción representa un paso importante en el camino del país hacia un desarrollo sostenible e incluyente.
Es importante desarrollar una política integral en contra de la corrupción que considere los beneficios tecnológicos como una herramienta fundamental que ayude a desarrollar sistemas para dar seguimiento a los flujos ilícitos de operaciones financieras, aumentar la integridad en los negocios, reforzar las leyes, fortalecer la institucionalidad y la gestión
pública, generar una mejor transparencia y el uso efectivo de los recursos y en donde los ciudadanos pueden realizar un seguimiento permanente y censurar las acciones corruptas de manera oportuna y óptima considerando en estos procesos al sector privado.
La educación y la tecnología son la base fundamental para atacar la corrupción. Es necesario abatir los rezagos en el sistema legal y tomar en cuenta el factor tecnológico en la guerra contra la corrupción construyendo
las condiciones institucionales que nos permitan aprovechar estos avances tecnológicos para mejorar la calidad y la integridad de los servicios públicos.
Sin embargo, utilizar la tecnología no está exenta de riesgos, por lo que es importante empoderar a los ciudadanos en su manejo, y facilitar su acceso y uso efectivo para generar procesos eficientes.
1 Real Academia Española (2019). Diccionario de la lengua española. Disponible en: <https://dle.rae.es/?id=B0dY4l3>. Consultado 7 de octubre de
2019.
2 INFOBAE (2019, 29 de enero). “México, el más corrupto entre los países
de la OCDE: Transparencia Internacional”. Disponible en: <https://www.
infobae.com/america/mexico/2019/01/29/mexico-el-mas-corrupto-entrelos-
paises-de-la-ocde-transparencia-internacional/>. Consultado 7 de
octubre de 2019.
3 Transparencia Mexicana (2019). Índice de percepción de la corrupción. Disponible en: <www.tm.org.mx/ipc2018>. Consultado 9 de octubre de 2019.
4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2018, 9
de enero). “El Sistema CompraNet tiene el potencial de generar ahorros
significativos”. Disponible en: <https://www.oecd.org/centrodemexico/
medios/el-sistema-compranet-tiene-el-potencial-de-generar-ahorrossignificativos-para-las-instituciones-publicas.htm>. Consultado 10 de octubre de 2019.
5 Ethos Laboratorio de Políticas Públicas (2018, 5 de junio). Guía Ciudadana
del Sistema Nacional Anticorrupción. México: Ethos Laboratorio de Políticas
Públicas. Disponible en: <http://www.guiaciudadanadelsna.org.mx/>.
Consultado 11 de octubre de 2019.
6 Secretaría de la Función Pública (2016, 18 de julio). Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción. En “Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA)”. México: Secretaría de la Función Pública. Disponible en: <https://
www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-nacional-anticorrupcion-
64289>. Consultado 12 de octubre de 2019.