C.P.C. Myrna Rocío Moncada Mahuem
Asociada del Colegio de Contadores Públicos de Hidalgo, A.C.
myrnamon71@hotmail.com
Síntesis
Uno de los objetivos plasmados en la legislación del Sistema Nacional
Anticorrupción es la creación de comités que permitan generar e implementar el plan estratégico que lleve a un combate de los actos ilícitos que ocurren en las actividades públicas de nuestro país. En leyes se señala esta estructura a escala federal, pero el trabajo no se limita a esta, sino que todas las entidades federativas deben cumplir con la creación de este sistema. Asimismo, se indica cuál es el estatus de la implementación del
sistema y qué falta por construir, con la finalidad de obtener información
que dé una señal del camino que falta por recorrer en esta materia.
Es importante definir qué es el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); como su nombre lo indica es una articulación de los 32 estados de la República junto con el Gobierno Federal para luchar contra la corrupción, teniendo como eje central la participación y representación ciudadana, ya que son los que presiden los Sistemas Anticorrupción para dar certeza a los mismos. Los sistemas anticorrupción cuentan con siete integrantes: Auditor Superior de la Federació(estado), Secretaría de la Función Pública (Secretaría de la Contraloría), Fiscalía Anticorrupción, representante de la Judicatura, Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, titular del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y el presidente del Comité de Participación Ciudadana.
Al 29 de marzo de 2019, fecha en que se actualizaron por última vez los datos que recopila y difunde en su portal de Internet la Secretaría Ejecutiva del SNA, los sistemas anticorrupción de los 32 estados del país presentaban un avance de 97% en la adecuación de su marco normativo en la materia, pues de los 288 instrumentos jurídicos que debían armonizarse con respecto al modelo nacional en todo el país, solo ocho están pendientes. Sobre este asunto, ningún estado tiene pendiente de realizar las adecuaciones a su constitución local o publicar la ley que establece el diseño de su sistema local anticorrupción.
Respecto a la conformación de la estructura rectora de los sistemas anticorrupción, los estados del país presentan un avance de 87% en la designación de las autoridades que encabezan las instancias unitarias de
los sistemas y en la instalación de sus órganos colegiados de toma de decisiones. Y es que hasta la fecha de corte, solo quedaban 13 autoridades de instancias unitarias por designarse, así como 12 órganos colegiados
por instalarse formalmente en todo el país.
En cuanto al aspecto presupuestario se destaca que, para el 29 de marzo de 2019, 75% de los estados contaba ya con un presupuesto asignado para las Secretarías Ejecutivas de sus sistemas anticorrupción y quedaban pendientes de recursos para este rubro de gasto solo ocho estados.
Cabe mencionar que con esos recursos no solo se financia la estructura operativa de las Secretarías Ejecutivas, sino que se pagan los sueldos de los miembros de los Comités de Participación Ciudadana (CPC) en los estados, cuyo presidente encabeza los sistemas locales anticorrupción.
Sabemos que estos sistemas están siendo instalados en un país cuya tasa de incidencia de corrupción asciende a casi tres experiencias de corrupción por cada 10 trámites o contactos presenciales que los ciudadanos tienen
con servidores públicos. Sonora es el estado con la tasa más alta (poco más de seis experiencias por cada 10 contactos) y Colima la entidad con la tasa más baja (poco más de una experiencia por cada 10 contactos).
México cuenta con un índice de impunidad de 69.21 puntos sobre 100, ocupando la cuarta posición negativa a escala mundial, solo por arriba de Camerún, India, Filipinas e, incluso, Venezuela. El Estado de México es
la entidad con el mayor índice de impunidad (80.06 puntos sobre 100) y Campeche es el estado con el índice más bajo (45.07 puntos sobre 100).
No obstante, las cifras anteriores brindan un panorama general sobre cuál ha sido el avance en la instalación e inicio de operaciones de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA). Sabemos que algunas leyes locales que integran el marco jurídico en anticorrupción no fueron armonizadas conforme al modelo nacional, habiéndose desvirtuado intencionalmente varias de sus disposiciones neurálgicas que definen el diseño u operación de sus sistemas.
Existen estudios que dan evidencia de esto. Los diagnósticos sobre el grado de armonización de las constituciones locales y de las leyes de los SEA frente a los modelos nacionales, elaborados por la Secretaría Ejecutiva
del SNA, y el Semáforo Anticorrupción, formulado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en colaboración con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana, hacen evidente que no basta con completar el número de instrumentos jurídicos publicados que define el marco normativo en anticorrupción de cada estado, sino que los contenidos de dichas leyes deben satisfacer los mínimos establecidos por el Congreso de la Unión o, en su caso, ir más allá, en apego a las mejores prácticas; pero nunca en retroceso, como lo hicieron algunos congresos locales con varias de sus
leyes en la materia.
A saber, de 2018 a 2019 se tuvo un incremento de 25 puntos porcentuales en el número de estados a los que se les ha asignado presupuesto para financiar esa instancia (pues se pasó de 16 a 24 estados con recursos
destinados a ese rubro de gasto).
Los ocho estados cuyas secretarías ejecutivas de sus sistemas anticorrupción están pendientes de asignación presupuestal para el ejercicio fiscal 2019, son: Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, San Luis Potosí, Campeche, Morelos, Sinaloa y Tlaxcala.
El SNA es un grupo de instituciones que, acompañadas de ciudadanos organizados en un “Comité de Participación Ciudadana”, buscan coordinarse para luchar contra la corrupción de forma más efectiva.
El SNA y los SEA no han dado los resultados esperados por la ciudadanía. Esto se debe a que, si bien el SNA no ha tenido grandes éxitos en reducir la corrupción, sí ha tenido éxito en replicarse en ciertas entidades.
Hoy en día, casi todos los estados cuentan con un Sistema Local Anticorrupción con sus propios comités ciudadanos por estado. Debido a que cada estado ha tenido la libertad de distar sus propias reglas, existe
una gran cantidad de experimentos en cómo diseñar herramientas que puedan combatir la corrupción.
Una herramienta que ha resultado poderosa es el litigio. Recientemente el Comité de Participación de Zacatecas y el Comité de Participación Nacional presentaron un amparo contra el nombramiento del auditor superior de Zacatecas.
El nombramiento, supuestamente debe hacerse por concurso, pero se hizo sin argumentación adecuada.
Los ciudadanos ganaron el amparo y se creó una tesis que legitima al CPC para promover amparos cuando no se cumpla con la idoneidad de los perfiles y, por lo tanto, representa un importante avance en crear un sistema anticorrupción más profesional.
Algunos Comités de Participación están captados, pero la inmensa mayoría están tratando de avanzar en el combate a la corrupción y convirtiéndose en observadores, algo enormemente valioso para las democracias. Un beneficio inesperado del Sistema Nacional Anticorrupción es que por primera vez hay evidencia y transparencia respecto a qué está pasando en materia de lucha anticorrupción en cada estado. Los Consejos de Participación Locales están siendo testigos de los abusos y complicidades
que han estado ahí por décadas, pero que antes pasaban desapercibidos. La visibilidad del problema es un primer paso para atacarlo.
Hay, además, un caudal de capacitaciones para evitar que, en los tribunales, los fiscales reciban casos mal armados y por ello sean perdidos. Ya los tribunales están acercándose con los fiscales para capacitar a los contralores, a fin de que se integren mejor las carpetas.
Todos estos son importantes avances. Más aún, los Comités de Participación estatales no son los únicos que se están movilizando para mejorar su capacidad de acción. Los fiscales anticorrupción también están tomando cartas en el asunto. El caso de los fiscales anticorrupción es muy distinto en cada estado, pero hay fiscales excelentes que pueden hacer una enorme diferencia. En estados como Chihuahua, Oaxaca, Coahuila y Sinaloa los fiscales están empujando con fuerza una agenda anticorrupción en sus entidades.
Sin embargo, a los fiscales les faltan recursos y autonomía para llegar más lejos. Requieren mucho más apoyo.
Conclusión
Considero importante que los Sistemas Anticorrupción se unan para ejercer presión y ganar representatividad dentro de las instancias que se encargan
de investigar, sustanciar y sancionar o resolver actos de corrupción, de lo contrario perderán credibilidad.
Asimismo, debe haber presencia, apoyo y solidaridad entre todos, identificar debilidades, fortalezas y retroalimentarse para adquirir los conocimientos y herramientas necesarias para replicarlos en sus estados.