Por C.P.C. David Henry Foulkes Woog/Socio Foulkes Vigil y Cía, S.C./Director de Redes de Investigación para el Desarrollo, S.C./henry@redesonline.com
Cuando se emite una ley se hace para regular la sana convivencia de los individuos, para normar y proteger a los ciudadanos, y los legisladores siempre ven la necesidad de implementarla, a fin de que la población en su generalidad la respete y se asegure la sana convivencia en sociedad. Asimismo, las leyes nos garantizan seguridad y justicia a todos los involucrados, bajo este tenor, hace casi 10 años en México comenzó a escucharse acerca de una ley para prevenir el lavado de dinero, en ese entonces, el PAN presentó su propuesta, lo mismo que el PRD y la Presidencia de la República; sin embargo, los legisladores no llegaron a conclusión alguna en varios años
Posteriormente, el 17 de octubre de 2012 se publicó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) que entró en vigor a partir de julio de 2013 y, desde entonces, nos hemos encontrado con una serie de cosas buenas, pero, también de cosas malas en esta ley, ya que según se dice en sus antecedentes, se emitió para proteger al sistema financiero y a la economía nacional, sin embargo, me pregunto si esto será cierto.
De acuerdo con lo que el entonces Senador de la República, Santiago Creel mencionó al emitir su iniciativa, que al año se lavan en el sistema financiero mexicano cerca de 26 mil millones de dólares, y las instituciones del sector financiero manejan ese dinero para invertirlo o prestarlo y con ello ganar más.
Esto suena como que al sistema financiero le conviene recibir el dinero sucio; qué les parece si utilizamos como ejemplo un módico uno por ciento de ganancia, estamos hablando de que el dinero sucio deja ganancias por 260 millones de dólares al sector financiero, entonces ¿le convendrá al sistema financiero dejar de recibir este dinero sucio?
Si esta ley protege al sistema financiero nacional, ¿qué sucedería con cualquier banco si no tuviera este tipo de dinero en sus operaciones?, la respuesta es obvia, las ganancias del banco se reducirían de manera muy importante, lo que significaría que los accionistas no estarían contentos con su inversión en la institución, los directivos de la misma no tendrían sus bonos por captación y desempeño, los empleados no tendrían su reparto de utilidades y el Fisco tampoco recibiría el ISR de esa utilidad, por ello me pregunto, ¿realmente, le interesa al sistema financiero que los recursos ilícitos no lleguen a sus instituciones?
Este monto representa un porcentaje importante del PIB del año, importe equivalente a más de 15 millones de salarios mínimos anuales, si este dinero no existiera en la economía, entonces se habrían dejado de comercializar bienes y servicios, cuando menos por esas cantidades que, a su vez, causan riqueza para los empresarios, impuestos para el gobierno, empleo para la gente que además de tener dinero por su empleo directo o indirecto y generar movimiento en la economía, a su vez, causan contribuciones de seguridad social (el gobierno se beneficia con el IMSS, INFONAVIT, SAR), pero, aunado a esto, al haber empleo para la gente se reduce la delincuencia, la violencia y otros males sociales, con un beneficio social enorme, y si este dinero no entra al flujo nacional, cerca de 22% de la población económicamente activa no tendría ingreso y, por lo tanto, el desempleo directo crecería al doble de las cifras oficiales, acarreando los problemas sociales de mayor delincuencia, además de inseguridad y drogadicción.
No estamos diciendo que se debe permitir el lavado de dinero en México, si consideramos que es un delito subyacente, es decir, este delito existe porque hay un delito previo, un delito que genera el dinero sucio es lo que se debería perseguir con mayor énfasis.
El lavado de dinero no es un problema o un invento de México, es un problema a nivel mundial, existe desde que hubo el primer crimen por el cual se obtuviera un beneficio económico (asesinato, robo, chantaje, soborno, etc.); sin embargo, no se le había dado mucha importancia sino hasta la década de los ochenta, cuando en Europa comienza la preocupación por el enriquecimiento tan grande de los narcotraficantes a nivel mundial y, tanto los gobiernos como el sistema financiero internacional comenzaron a tomarlo en cuenta.
Así se crearon diversas comisiones, por ejemplo, Wolfsberg, Basilea y otras en las que se comenzó a investigar y reglamentar la actividad financiera, a fin de limitar el flujo de dinero proveniente del narcotráfico, siendo hasta la creación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés), auspiciado por la ONU y los bancos centrales que realmente se comienza a regular el ingreso de flujos al sistema financiero.
El GAFI o FATF se creó en 1989 y es un grupo que establece estándares, y desarrolla y promueve políticas enfocadas en combatir el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, además de que emite las 40 recomendaciones que son la piedra angular en materia de prevención. La información de este organismo internacional se puede consultar en: www.fatf-gafi.org.
Los objetivos del GAFI son: la difusión del mensaje antilavado de activos a nivel mundial (basado en las recomendaciones que emite) y el monitoreo de la implementación de las recomendaciones de este organismo entre los países miembros; es decir, se realizan revisiones periódicas a los países integrantes, a fin de asegurarse del debido cumplimiento de las políticas en materia de prevención, y la revisión de las tipologías de lavado de activos y las contramedidas para ello, basados en que los criminales siempre están a la vanguardia buscando alternativas, el GAFI tiene que estar alerta para bloquear las nuevas alternativas que los criminales lleven a cabo.
Los delitos que generan la riqueza ilícita pueden ser muy graves por el daño que ocasionan a la sociedad como son: el narcotráfico, la trata de blancas, el secuestro, la venta de armas y otros menos escandalosos, pero más comunes y que no impactan tan dramáticamente a la sociedad, tales como: el fraude, el robo o la evasión de impuestos; sin embargo, al ser delitos deberían ser perseguidos por la autoridad.
En un afán de, supuestamente, perseguir el delito de lavado de dinero en México, la autoridad ha determinado que una serie de actividades industriales, comerciales y o de servicios tengan la obligación de investigar a sus clientes y, emitir reportes sobre las actividades que con estos lleven a cabo, responsabilizando a entidades de la sociedad civil a actuar como sus auditores e investigadores, so pena de que si no reportan o lo hacen de manera indebida, estos serán sancionados y no los criminales.
Además, esta ley prohíbe el uso del dinero en efectivo por cantidades superiores a las estipuladas en la misma ley, cuyo monto depende de la actividad que realiza el proveedor, situación que los lleva a que en ocasiones los empresarios vean a sus clientes como verdaderos criminales, a fin de que la autoridad no sancione al proveedor.
Entre las actividades vulnerables encontramos unas que lo son en virtud de que los criminales las utilizan con frecuencia para realizar el lavado de dinero como es el caso de los bienes raíces, donde los criminales adquieren propiedades, muchas veces, por valores muy superiores al real. En días recientes hemos visto las publicaciones en el New York Times, donde hacen referencia a la manera en cómo las inmobiliarias de Nueva York ayudan a sus clientes a establecer empresas fantasma o fideicomisos para ocultar al propietario real del inmueble que, en varias ocasiones, son políticos o empresarios corruptos de cualquier nacionalidad, demostrando que aun en países del primer mundo no importa el monto ni el origen del dinero, sino llevar a cabo la operación de compra-venta, mientras que a los países que son menos influyentes sí los sancionan.
Otro giro muy utilizado por los criminales es el de los automotores, donde los compradores debieran identificarse tanto por cuestiones de la propiedad del vehículo, para el seguro, la tenencia y las placas, así como el registro vehicular, para fines de la emisión de la factura, por impuestos (declaración informativa de clientes y proveedores) y de prevención en lavado de dinero.
Existen otras actividades que se consideran vulnerables, ya que la gente es quien asesora a los criminales para realizar el lavado de dinero, como pueden ser los despachos de asesores contables, financieros, fiscales y, por supuesto, legales, pues está demostrado que mientras más dinero se pretenda lavar, más asesoría profesional necesitan los criminales para llevar a cabo esta actividad.
¿Qué debemos hacer para que se reduzca el problema? Desde mi punto de vista, el lavado de dinero no es el problema, sino una consecuencia, obligar a las empresas de la sociedad civil a que controlen el lavado de dinero mediante controles y reportes, solo lleva a que a la persona que quiere realizar una operación con el dinero obtenido de manera legal, le dé miedo y no quiera llevarla a cabo, reduciendo entonces el flujo de la economía normal.
Por ello, las autoridades deberían preocuparse por perseguir el crimen que genera el dinero sucio, ese es el que hay que eliminar, aunque cierto es que si se les confisca el dinero a los malos ya no podrán seguir comprando bienes para incrementar su patrimonio, entonces buscarán otras alternativas para financiarse como el secuestro, el robo y otros. Además, siempre pueden utilizar el trueque donde entregan una mercancía y a cambio les envían otra que parece lícita.
Los montos máximos autorizados por la LFPIORPI son: para bienes raíces de $519 mil, y para vehículo, joyería, sorteos, blindaje, arrendamiento, y acciones de $208 mil.
A los criminales hay que erradicarlos resolviendo el problema real, es decir, la causa por la cual existe ese crimen, si tenemos un país educado, con un empleo bien remunerado, con servicios públicos adecuados y servidores honestos, es un hecho que el número de criminales se reducirá y, por ende, la necesidad de que las autoridades deleguen en la sociedad su función de autoridad, supervisión y sanción a los entes vulnerables. Por tal motivo, las autoridades deberían preocuparse por que la sociedad produzca, genere empleos y riqueza, y pague sus impuestos, no por espantar y desalentar a los empresarios y a la sociedad de querer invertir.