Lic. Muna D. Buchahin, MA, CFE, CGAP
Vicepresidenta de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, ACFE-Capítulo México
mdbuchahin@asf.gob.mx

En varios artículos y eventos relacionados con la transparencia y rendición de cuentas se ha expuesto que el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) surge con el fin de mejorar sustancialmente la rendición de cuentas en el país, y ante la imperiosa necesidad de unificar esfuerzos en todos los ámbitos y niveles de gobierno para examinar a fondo la gestión gubernamental y el uso de los recursos públicos, para generar un frente común contra la corrupción

A pesar de que en nuestro país existe un considerable número de órganos de control, auditoría y fiscalización, tanto internos como externos, de las distintas entidades de la administración pública: la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y sus órganos internos de control de la Administración Pública Federal (AFP), las contralorías estatales, las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales (EFS), las contralorías internas de los órganos constitucionalmente autónomos, las contralorías municipales y otras figuras jurídicas similares, así como los que corresponden a los poderes Legislativo y Judicial, no se han logrado coordinar los esfuerzos para encauzarlos a finalidades comunes: prevenir, disuadir e inhibir la corrupción y las prácticas inapropiadas en el ejercicio del recurso público.
Ante esta multiplicidad de órganos, podríamos suponer que con todo este “ejército” de fiscalizadores debería tenerse la capacidad de mantener una vigilancia constante y adecuada sobre la el ejercicio presupuestal y, por consiguiente, un desempeño apropiado y honesto de los servidores públicos, situación que lamentablemente no acontece, lo que nos obliga a evaluar su rol preponderante en relación con la lucha contra la corrupción, mediante un enfoque integral.
Habremos de centrar la atención en la importancia de contar con un SNF, ponderando que su implementación permitirá una coordinación efectiva entre todas las instituciones involucradas y responsables en la auditoría gubernamental al integrarlas en un frente común; con ello se persigue evitar, por medio de las revisiones que se lleven a cabo, la permisividad discrecional por parte de los servidores públicos y la fragmentación de esfuerzos que han permitido el abuso y dispendio.
Es urgente y apremiante instaurar un frente común contra el abuso y el fraude que nos permita reducir las prácticas inapropiadas que nos laceran, muchas propiciadas por la indolencia creciente que evoluciona hasta convertirse en cómplice de la corrupción.
Con conocimiento de causa, afirmo que hasta hoy, el SNF es el primer y único proyecto propuesto con medidas y acciones efectivas que puede incidir como mecanismo anticorrupción, toda vez que contempla y establece las normas y principios básicos que permitirán llevar a cabo la coordinación adecuada entre todos los organismos auditores, en los ámbitos de fiscalización externa y control interno, en los tres poderes y niveles de gobierno, creándose con él un mayor blindaje contra la corrupción.
De tal magnitud es el problema que por el solo hecho de que se apruebe y se establezca el SNF per se, no se obtendrán resultados notorios en corto plazo; pensarlo sería idealizar y caer en la ceguera de no querer ver la complejidad que implica inhibir la corrupción. Hay acciones explícitas e implícitas que tendríamos que considerar, desde ahora, todos los que integraremos este sistema, en las cuales ir trabajando si queremos estar preparados y listos para el arranque inmediato a su aprobación.
Es real que no existe una coordinación entre los diversos órganos de vigilancia, por lo tanto, no actúan con objetivos y metodologías homologadas. Esto explica que cada uno tenga sus propios métodos y que los resultados mostrados estén por debajo de la media de los que se pudieran generar.
También es preocupante que los resultados demuestran que algunas EFS locales y autoridades en los municipios no son independientes de otros poderes y su actuación obedece a una red de intereses políticos. Si no hay cultura de la legalidad e independencia fiscalizadora, se abre toda clase de puertas por las que transitan impunemente actos de corrupción. ¿Ejemplos concretos? Todos los que vengan a su mente, amable lector.
Pero, no hay que distraerse demasiado en estos ejemplos de escándalo ni dar cabida a un estéril pesimismo. Es innegable que en mayor y menor proporción la corrupción no se limita al sector público o privado, este cáncer permea y vulnera casi todos los sectores de la sociedad.
En este contexto apremiante el SNF es una respuesta pertinente y viable a las demandas de la sociedad y de los stakeholders o partes interesadas, para que se realice una labor efectiva en materia de fiscalización de los recursos públicos que se manejan en los tres órdenes de gobierno, con el propósito de generar condiciones que permitan mayor alcance y efectividad de la fiscalización, desde una perspectiva integral y sistémica.
Hay mucho trabajo por delante. Resalto que implementar el SNF requiere de pasos apurados, pero bien sopesados; inmediatos y mediatos que permitan generar, de manera coordinada, una serie de actividades, procesos y acciones para armonizar y favorecer los procesos auditores que redunden en resultados disuasivos y/o preventivos de corrupción y fraude.
Al respecto, destaco: la creación de bases de datos y de intercambio de información; la adecuación de la metodología que permita la homologación en la planeación, ejecución e informes de resultados de los trabajos de auditoría, y, subrayo, que todo esto debe considerar los aspectos técnicos rigurosos y un compromiso de respeto a la legalidad y de cumplimiento con los deberes y obligaciones inherentes a la práctica.
Para alcanzar sus objetivos, la estructura o esqueleto jurídico del SNF debe ser el apropiado. Hay que considerar que hasta ahora las diferencias en cuanto a mandatos y marcos legales, y grados de independencia, así como aspectos técnicos relativos a planeación de revisiones, metodologías, e inclusive, la disparidad en los calendarios de entrega de resultados, han contribuido a limitar el alcance de los esfuerzos y la efectividad de las acciones fiscalizadoras. Esto debe corregirse, pero pensar que este esfuerzo redundará de inmediato en una notable reducción de la corrupción, es inaceptable si no se acompaña de las disposiciones y normas jurídicas con sanciones severas y ejemplares que permitan inhibir conductas lesivas, para lo cual es insoslayable garantizar que sí se apliquen en casos sustentados de trasgresión de la ley.
He aquí un resumen de algunas acciones esenciales que requieren desplegarse para propiciar una mayor oportunidad de acción al SNF:

• La adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas y la normatividad que rigen a cada uno de los entes fiscalizadores, mediante la revisión, reestructuración y compatibilización de la legislación federal, estatal y municipal.
• Generar la metodología, los criterios y los procedimientos de auditoría gubernamental para la fiscalización a nivel nacional, conforme a los estándares y normas internacionales de auditoría, y la adopción u homologación con las mejores prácticas reconocidas a nivel mundial, verificables por la ASF, para evitar cualquier sesgo o interpretación subjetiva en los resultados.
• Diseñar sistemas y bases de datos que permitan el intercambio idóneo y fluido de información veraz, para la planeación y la ejecución de auditorías.
• Identificar áreas de riesgo y diseñar controles internos efectivos en relación con la prevención y detección de ilícitos.
• Establecer la creación de la unidad anticorrupción que contemple un marco de referencia para la prevención, detección, disuasión de actos de corrupción, con el fin de generar cambios estructurales, incorporar la auditoría forense y las mejores prácticas globales antifraude.
• Especialización, capacitación y certificación a servidores públicos. Si queremos garantizar mejores resultados en la prevención y detección de actos inapropiados, debemos considerar un programa específico diseñado para personal auditor, que incluya, al menos, la certificación internacional como Certified Fraud Examiner (CFE), lo cual les permitirá desarrollar un pensamiento analítico, fortalecer sus capacidades para detección de fraudes o actos de corrupción.
• Promocionar mecanismos de denuncia ciudadana que nos vinculen con la ciudadanía y promuevan la participación social.

Cierro estas reflexiones con mi convencimiento de la validez e importancia del SNF. Estoy persuadida, razonablemente, de que la articulación y la participación de todos los entes fiscalizadores en este apremiante proyecto, además de que construirá un mayor entendimiento, proporcionará una mayor riqueza técnica profesional, y permitirá mayor profundidad en las revisiones, al establecer un marco de referencia certero para el desarrollo de las auditorías, sin que esto vulnere su autonomía o violente el contenido y los límites de su mandato constitucional o legal, según sea el caso.
La definición armonizada de la metodología y procedimientos adecuados con una visión y altos estándares profesionales de calidad; el propiciar la selección de sus integrantes con sólidos principios éticos y profesionales, aunado a valores y principios universales inamovibles, y la elección de los servidores públicos en relación con su expertise y capacidad técnica, permitirá acotar los espacios para actos ilícitos y corruptos.
No perdamos de vista que todos estos elementos, en conjunto, son apenas los mínimos requeridos para la construcción de nuestro blindaje. Quedan pendientes como tarea, la lucha contra la impunidad y el respeto a la cultura de la legalidad. Si perseveramos todos los actores de la sociedad, podremos inhibir en algún grado la corrupción y garantizar mayor certeza jurídica y rendición de cuentas a la ciudadanía. Creámoslo, vale la pena intentar al menos desalentar actos perversos que tanto han lastimado a nuestro país.
De completar rigurosamente todos los mecanismos previstos del SNF, podemos adelantar que los resultados serán notorios y positivos a su debido tiempo, y que se verán reflejados en un mejor control riguroso del gasto público. Tendremos informes con resultados sustanciales que ayudarán a los entes fiscalizados a mejorar su gestión, y de esta forma los ciudadanos conocerán con claridad cómo y en qué se gasta el dinero público.
Si fiscalizamos tan bien como lo informamos a la sociedad y logramos que sean más quienes estén informados sobre los resultados de fiscalización, habrá mayor conciencia social, lo cual mejorará el rol de participación de cada uno de quienes integramos nuestro país.