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Crédito Mercantil en una reestructuración corporativa

C.P.C. José Rafael Aguilera Aguilera/Integrante de la Comisión Nacional de Normas de Información Financiera, IMCP/cp_aguilera@hotmail.com

C.P.C. Ma. de Lourdes Vázquez Moreno/Integrante de la Comisión Regional de Normas de Información Financiera/Región Centro-Occidente, IMCP/cp_maluv@hotmail.com

L.C. José Raúl Aguilera Aguilera/Integrante de la Comisión Regional de Normas de Información Financiera/Región Centro-Occidente, IMCP/ro_u_l@hotmail.com

En la actualidad, los inversionistas buscan nuevas alternativas que permitan hacer crecer su patrimonio, por lo que ya no es suficiente la adquisición de instrumentos financieros de las entidades ni esperar a que estos generen rendimientos, ahora la tendencia es participar activamente en las entidades y mediante estas, adquirir activos, tanto tangibles como intangibles, de otras entidades, con el fin de maximizar las ganancias; ejemplo de lo comentado son las fusiones, adquisiciones o cualquier otra forma de reestructuración corporativa

Es por eso que, ante esta realidad económica, es de vital importancia que los organismos emisores de la normatividad contable, a nivel nacional e internacional, elaboren disposiciones aplicables a estas nuevas formas de hacer negocio. En el caso de México, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF) es el encargado de emitir normas referentes a esta nueva dinámica financiera.

Un ejemplo de lo señalado es la emisión, por parte del CINIF, de la Norma de Información Financiera (NIF) B-7, Adquisiciones de negocios, cuya vigencia comenzó en enero de 2009, la cual tiene por objeto establecer las normas que deben observarse en el reconocimiento de las adquisiciones de negocios, entendiéndose como adquisición de negocios, la transacción por medio de la cual una entidad obtiene los activos netos de uno o varios negocios y el control sobre los mismos, tal como sucede en las fusiones entre entidades independientes.

Lo interesante en este tipo de transacciones es que puede surgir un activo nuevo, debido a que en ocasiones la suma de la contraprestación pagada en la adquisición es mayor al valor de los activos netos, es decir, se origina un activo intangible llamado crédito mercantil para efectos de la NIF B-7; crédito comercial en la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente (LISR); fondo de comercio en la literatura española o plusvalía-goodwill en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el IASB (International Accounting Standards Board).

En la NIF B-7, el CINIF define a este activo (crédito mercantil) como un activo intangible que representa beneficios económicos futuros que surgen de otros activos adquiridos que no son identificables individualmente ni reconocidos por separado. El IASB precisa, en la NIIF 3, Combinaciones de negocios, que plusvalía-goodwill es un activo que representa los beneficios económicos futuros que surgen de otros activos adquiridos en una combinación de negocios que no están identificados individualmente ni reconocidos de forma separada. El término fondo de comercio se entenderá como el valor por encima de los elementos que conforman el negocio y que, en caso de venta, hacen que se pague más por el mismo en su conjunto, de lo que valen sus elementos por sí mismos.

Para efectos fiscales, la fracción XII del art. 28 de la LISR señala que el adquirente no podrá efectuar la deducción del crédito comercial, aun cuando este se haya adquirido de terceros, sin precisar qué debe entenderse como crédito comercial; sin embargo, de una interpretación armónica que se realice del artículo de referencia, en relación con la fracción IV del artículo 172 de la LISR, se podrá advertir que el crédito comercial será un ingreso gravable para el enajenante del negocio, siendo este la diferencia que exista entre el precio de mercado que tengan los activos en la fecha en que se transfiera su propiedad y el monto total de la contraprestación pactada, cuando este último sea mayor; asimismo, el artículo señala que las autoridades fiscales podrán practicar avalúo para determinar el precio de mercado de los activos propiedad del residente en el extranjero y, en caso de que dicho avalúo sea menor en más de 10% del precio de mercado considerado por el contribuyente para determinar el impuesto, la diferencia se considerará ingreso. Bajo ese tenor, puede concluirse que el crédito comercial también puede derivarse de una enajenación de activos; además de que la disposición mencionada se refiere únicamente a operaciones efectuadas por residentes en el extranjero.

Por lo tanto, cuando una entidad obtenga un negocio (mediante la adquisición de acciones o partes sociales) y el monto de los activos netos que reciba sea menor que el total de la contraprestación pagada, dicha entidad tendrá que reconocer contablemente un activo intangible, llamado crédito mercantil, pero el valor de este activo no tendrá repercusión en el ámbito fiscal al momento de la adquisición; aunque esto no es así en el caso de una futura enajenación de las acciones o partes sociales, ya que el precio pagado por esos títulos representará el costo de adquisición, que servirá de base para determinar su costo fiscal.

Tomando en cuenta lo anterior, no hay que olvidar la obligación que tiene la entidad de informar si cuenta con un crédito mercantil, por medio de la información contable que se debe ingresar mensualmente a la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la cual se conforma del catálogo de cuenta, el balance del periodo y sus pólizas, tal como lo ha señalado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es por esto que en el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017 se establece (en la cuenta número 180 del apartado correspondiente al código agrupador de cuentas del SAT) el concepto de crédito mercantil.

El tratamiento contable de esta clase de activo se encuentra en la NIF C-8, Activos intangibles, que inició su vigencia el 1 de enero de 2009 y establece que no debe amortizarse, porque se considera que es un activo con una vida útil indefinida, ya que no hay factores legales, regulatorios, contractuales, competitivos, económicos, etcétera, que limiten la vida útil del crédito mercantil, aunque el término indefinido no significa infinito; sin embargo, por considerarse un activo intangible con vida indefinida, debe sujetarse a las pruebas de deterioro al cierre de cada periodo, de acuerdo con el Boletín C-15, Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición, que indica que debe reconocerse si el valor neto en libros excede al valor de recuperación.

De acuerdo con las NIF, el crédito mercantil debe presentarse como el último renglón de los activos no circulantes, dentro del Estado de Situación Financiera, deducida su pérdida por deterioro, acumulada, debiéndose revelar en las notas a los estados financieros los principales factores que originan el crédito mercantil en una adquisición de negocios, tales como sinergias con otros negocios, activos intangibles no separables y otros factores; asimismo, se debe divulgar el monto del crédito mercantil procedente de cada adquisición y los efectos fiscales que pueda tener.

Referencias

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (2017). Normas de Información Financiera. México, Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

International Accounting Standards Board (2016). International Financial Reporting Standards (IFRS): Part A. Inglaterra, IFRS Foundation.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (06/01/2017). Anexos 24, 25, 27, 28 y 29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016. México, Diario Oficial de la Federación.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ley del Impuesto Sobre la Renta. México, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

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informe de Gobierno Corporativo. Importancia en la reestructura integral del sector empresarial

Dra. Guadalupe del Carmen Briano Turrent/Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración/Universidad Autónoma de San Luis Potosí/guadalupe.briano@uaslp.mx

El gobierno corporativo tomó gran relevancia en el ámbito internacional luego de que las crisis y escándalos financieros pusieran de manifiesto una relación directa entre estos y la situación financiera de las empresas. Es entonces cuando organismos reguladores y empresariales comenzaron a emitir normativa de carácter obligatorio y voluntario para promover la adopción de mejores prácticas corporativas, con el objetivo de que las empresas alcancen un mejor desempeño, sean más sólidas y estables y estén preparadas para hacer frente a las crisis y a un entorno cada vez más competitivo. Esta nueva cultura de trabajo e institucionalización ha llevado a las empresas a reestructurarse integralmente y a adoptar al gobierno corporativo como una herramienta estratégica para la consecución de los objetivos organizacionales

El gobierno corporativo establece la creación de órganos de control independientes que garanticen el manejo adecuado de los recursos financieros y una mayor transparencia hacia el mercado, lo cual incrementa la confianza de los inversionistas, acreedores y otros grupos de interés. Si bien es cierto que se ha incrementado el cumplimiento del gobierno corporativo en las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, a las PyMES aún les falta camino por recorrer. De ahí la importancia de abordar el tema relacionado con el informe de gobierno corporativo.

Pero, ¿qué es gobierno corporativo? Se refiere al sistema por el cual las empresas son dirigidas y controladas. El gobierno corporativo promueve una cultura de eficiencia, equidad y transparencia en la gestión empresarial, ocupándose no solamente de cumplir con los requerimientos legales, sino también del cumplimiento ético y moral. El buen gobierno reconoce también la inclusión de los stakeholders o grupos de interés, los cuales se definen como cualquier grupo o individuo que puede afectar o es afectado por el logro de los objetivos organizacionales. Esta inclusión implica que la organización adopte una visión a largo plazo como parte de su estrategia corporativa.

La reforma regulatoria en México se inicia con la emisión del Código de Mejores Prácticas Corporativas (CMPC) en septiembre de 1999, seguida por dos actos de ley en 2001 y 2003. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), integrado por académicos, accionistas de grandes empresas, directivos y representantes de las áreas contable, financiera y legal, es el responsable de emitir y actualizar el citado Código. El propósito del CMPC es fortalecer el sistema de buen gobierno con el objetivo de incrementar la transparencia y la confianza de los inversionistas. El CMPC establece 51 mejores prácticas corporativas que buscan fortalcer a las empresas en su proceso de institucionalización, aumentar la transparencia de sus operaciones, elevar los estándares de competitividad, obtener fuentes de financiamiento favorables, contar con procesos de sucesión estables y alcanzar la permanencia en el mercado.

En este sentido, los principios incorporados en el Código van encaminados a mejorar la integración y funcionamiento del Consejo de Administración y sus órganos de apoyo o comités. Por ejemplo, la Ley del Mercado de Valores (LMV) -con sus reformas de 2001 y 2003- requiere, a las empresas cotizadas, cumplir de forma obligatoria varias recomendaciones del CMPC, entre las que destacan que, al menos, 25% de los consejeros sean independientes y que el tamaño del consejo sea máximo de 20 miembros, así como la constitución del comité de auditoría. El CMPC sugiere también la creación de comités de apoyo para el Consejo de Administración con el objetivo de monitorear las funciones de auditoría, finanzas y compensación ejecutiva; así como mejorar los sistemas de control interno y asegurar la transparencia en la información financiera.

México cuenta con más de 10 años de experiencia en la implementación del CMPC, desde que se emitió la primera versión en 1999, pasando por una primera revisión en 2006 y hasta la fecha en la que aplica la última revisión, publicada en 2010. En esta se consideraron las necesidades y características de las sociedades mexicanas, su origen, estructura e importancia de ciertos grupos de accionistas en la gestión.

La evolución y grado de avance en materia de gobierno corporativo se debe también al trabajo de organismos del sector público y privado, entre los que podemos mencionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En 2004 se crea el Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo (CEGC) que ha trabajado junto con el CCE para promover la excelencia de estas prácticas. Entre la legislación más importante relacionada con el buen gobierno encontramos la Ley General de Sociedades Mercantiles, emitida en 1934; la nueva LMV de 2006 y la Circular Única de Emisoras (CUE) modificada en 2009, la cual obliga a las empresas cotizadas en Bolsa a publicar su informe anual y el grado de adhesión al CMPC. Por otra parte, en la nueva LMV se hace especial énfasis en los deberes de lealtad y diligencia, los cuales estarán a cargo de los miembros del Consejo de Administración y los altos ejecutivos de la empresa.

Al hablar de transparencia corporativa nos referimos a que la empresa asegure que la información emitida al mercado sea suficiente, confiable y oportuna, lo que implica la revisión de la información legal, societaria, económica-financiera, las políticas de designación de los auditores, las condiciones de oportunidad y características de la información divulgada, así como atender los requerimientos de información de los grupos de interés. Y es el informe de gobierno corporativo el que refleja si la empresa está cumpliendo con las mejores prácticas corporativas, porque no se limita a la información financiera, sino que va más allá, al considerar aspectos como la divulgación de operaciones con partes relacionadas y los conflictos de interés. El informe de gobierno corporativo provee a la organización una visión holística tanto de la dimensión financiera como de la no financiera, lo que genera una mayor confianza externa. La tabla 1 muestra los elementos a ser considerados para realizar el informe anual de gobierno corporativo, de acuerdo con las recomendaciones contenidas en el Código de Mejores Prácticas Corporativas en México (2010).

Tabla 1. Elementos que conforman el informe de gobierno corporativo

Dimensiones / elemento a divulgar
Asamblea de accionistas

Número de reuniones de la Asamblea y principales acuerdos realizados.

Consejo de Administración

Composición del Consejo (tamaño, consejeros independientes (%) y relacionados), así como sus funciones y facultades principales. Es recomendable divulgar las biografías (edad, preparación académica y experiencia) de los miembros del Consejo.

Número de reuniones realizadas.

Procedimiento de selección de los consejeros.

Comités de apoyo. Mencionar y describir las funciones de los comités que han sido constituidos por la empresa (comité de auditoría, prácticas societarias, finanzas, nominaciones y compensaciones).

Mencionar si existe dualidad de funciones entre el presidente del consejo y el director general.

Integración de los comités de apoyo (miembros independientes y relacionados).

Composición del equipo directivo. Describir quiénes integran el equipo directivo (edad, preparación académica y experiencia).

Estatutos sociales

Divulgar los estatutos sociales de la empresa.

Describir los órganos de supervisión de la empresa y sus funciones principales (Asamblea de accionistas, Consejo de Administración, equipo directivo, comisario, representante legal).

Políticas corporativas y código de ética

Políticas de integridad, diversidad e inclusión.

Políticas y principios contables que la empresa emplea para registrar sus operaciones.

Políticas y leyes internas anticorrupción.

Análisis e identificación de riesgos.

Políticas y procedimiento para seleccionar a auditores externos.

Mecanismos de control interno.

Código de conducta o comportamiento ético.

Conflictos de interés

Transacciones con partes relacionadas.

Conflictos de interés.

Estructura accionaria (principales accionistas, tipos de acciones, acciones con derecho a voto).

Mecanismos para garantizar un trato justo y participativo para los accionistas minoritarios.

A manera de conclusión podemos afirmar que el informe de gobierno corporativo cada vez está tomando más relevancia en el sector empresarial, ya que genera una mayor transparencia y confianza en los inversionistas, en entornos institucionales débiles como es el caso de México. El que una empresa adopte una cultura de institucionalidad y transparencia a través de la divulgación de sus estructuras de gobierno, políticas de gestión y conflictos de interés, promueve un aumento en la eficiencia económica y el cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Referencias:

1. Cadbury Committee (1992). The financial aspects of corporate governance. London: Burgess Science Press.

2. KPMG (2010). Integrated reporting – closing the loop of strategy. [Online] Available: http://www.kpmg.com/ua/en/ issuesandinsights/articlespublications/ pages/integrated-reporting-closing-theloop.aspx

3. Cavico, F. J. & Mujtaba, B. G. (2014). Social responsibility, stakeholders, sustainability and corporate governance. In J.  Mueller & P. Wells (Eds.), Governance in action globally – strategy, process and reality. New Zealand: RossiSmith Academic Publishing.

4. Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston, MA: Pitman.

5. Consejo Coordinador Empresarial (2010). Código de Mejores Prácticas Corporativas en México. México, CCE.

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Iniciativa G7 CONNEX. Negociaciones en las reestructuras corporativas mexicanas

C.P.C. Víctor Manuel Lozoya Pacheco/CEO de Lozoya Lozoya y Asociados, S.C./Vicepresidente de la Comisión Regional de NIF/Región Centro-Occidente, IMCP/Presidente de la Comisión de Ética Profesional/Colegio de Contadores Públicos de León/vlozoyap@prodigy.net.mx

El entorno macroeconómico que ha prevalecido en los últimos 20 años se ha caracterizado por una mayor competencia internacional, por la introducción frecuente de nuevas tecnologías y por una mayor permeabilidad entre países. El mercado mundial de capitales se ha visto inundado por nuevos instrumentos legales y financieros, y por una mayor tolerancia al riesgo por parte de inversionistas institucionales. Lo anterior, ha contribuido a acelerar un proceso de “reestructuración corporativa”, el cual, por medio de estas operaciones, persigue la explotación de mercados complejos y de infraestructura, y optimizar resultados financieros, facilitar la admisión de nuevos socios (tecnológicos y capitalistas), agrupar operaciones, establecer una sinergia operativa y legal, y obtener financiamientos, etcétera1

Precedente en México

Desde un punto de vista empresarial, se ha logrado observar que existe un común denominador en la línea que conduce a la reestructuración, y tiene que ver con el deseo de controlar a una empresa. Esta toma de control tiene varias formas que han dado lugar a interesantes innovaciones legales financieras. Asimismo, ha habido otro conjunto de circunstancias que ha provocado un proceso reestructurador,2 especialmente “la decisión de limitar el riesgo corporativo”3 mediante la adopción del espíritu de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Asistencia para las Negociaciones Complejas de Contratos (G7 CONNEX), como sustancia económica para las negociaciones complejas de las reestructuras corporativas mexicanas.

En nuestro país se trabaja actualmente en la postulación de la candidatura de México para adherirse a la iniciativa para la transparencia de los ingresos fiscales generados por las industrias extractivas (EITI, Extractive Industries Transparency Initiative) de hidrocarburos y la minería, estándar global para las negociaciones complejas.

Origen de la iniciativa

La Iniciativa G7 CONNEX comenzó oficialmente con la Declaración de Líderes del Grupo de los Siete (G7, que comprende los siete países más industrializados: EE.UU., Reino Unido, Francia, Italia, Japón, Canadá y Alemania; además, la Unión Europea envía representantes a todas las reuniones) de Bruselas, Bélgica 2014. El G7 reafirmó su compromiso con la iniciativa en la Declaración de la Cumbre del G7 en Schloss Elmau, Alemania 2015. El objetivo de CONNEX es mejorar la calidad del asesoramiento brindado a los gobiernos de los países de bajos ingresos en su negociación de contratos comerciales complejos.

Iniciativa CONNEX

Reafirmamos nuestro compromiso con la iniciativa sobre el Fortalecimiento de la Asistencia para las Negociaciones Complejas de Contratos (CONNEX), que tiene como objetivo proporcionar una experiencia multidisciplinaria en los países en desarrollo para negociar acuerdos complejos de inversión, centrándose inicialmente en el sector extractivo. Enfatizamos los tres pilares de: integración y accesibilidad de la información; independencia y calidad del asesoramiento; y la creación de capacidad entre las partes interesadas.4

Código de Conducta CONNEX

Apoyamos el Código de Conducta para servicios de asesoramiento multidisciplinario y alentamos a los proveedores de apoyo y a otras partes interesadas pertinentes a incorporar el Código como un conjunto de principios vinculantes en sus contratos en todo el mundo. Alentamos a que se lleven a cabo proyectos piloto bajo la bandera de la iniciativa CONNEX en colaboración con proveedores de apoyo, como el Fondo de Apoyo Jurídico de África. Acogemos con beneplácito una mayor coordinación sobre los mecanismos de intercambio de conocimientos y aprendizaje entre pares sobre el tema del apoyo a la negociación.5

Los componentes complementarios de la Iniciativa G7 CONNEX son:

  • Primer pilar: integración de la información y accesibilidad. Apoyo al Plan dentro del Portal de Apoyo a la Negociación del Centro de Inversión Sostenible de la Universidad de Columbia (CCSI, por sus siglas en inglés). Un Portal para respaldar a los países anfitriones en la planificación, preparación, negociación, supervisión e implementación de proyectos de inversión complejos.
  • Segundo pilar: independencia y calidad del asesoramiento. Proporcionar asesoramiento experto independiente y multidisciplinario a los gobiernos en las negociaciones contractuales sobre la base del Código de Conducta CONNEX. El objetivo del Código de Conducta CONNEX es mejorar la calidad del asesoramiento brindado a los gobiernos anfitriones de los países de bajos ingresos. Es un instrumento vinculante que rige la conducta de los asesores y exige que funcionen únicamente en nombre y por orden del gobierno anfitrión; alienta a los proveedores de apoyo existentes a:
    • Ampliar sus mandatos más allá del apoyo puramente legal para incluir políticas, modelos fiscales, contenido local, apoyo geológico, social y ambiental.
    • Mejorar sus tiempos de respuesta a las solicitudes de apoyo.
    • Identificar proyectos piloto en los que los gobiernos anfitriones son apoyados por un equipo multidisciplinario en una negociación de contratos compleja sobre la base del Código de Conducta CONNEX. El propósito de los pilotos será reunir lecciones sobre lo que funciona mejor en la práctica y compartir estas lecciones con la Iniciativa CONNEX. Los pilotos también incluirán la creación de capacidad en el trabajo, donde sea posible.
  • Tercer pilar: creación de capacidad entre las partes interesadas. Mejorar la ejecución de los esfuerzos de capacitación para fortalecer la capacidad de los gobiernos anfitriones de los países de bajos ingresos para prepararse, negociar y supervisar la aplicación de contratos comerciales complejos.

Aplicabilidad global de la Iniciativa G7 CONNEX

En un mundo globalizado, los países celebran contratos de inversión a gran escala con inversores, proveedores y contratistas extranjeros. Lo más importante y complejo de estos contratos se relaciona con los recursos naturales (tierras y agricultura, minería, petróleo y gas) y los proyectos de infraestructura. Esos proyectos de inversión pueden durar décadas y, para muchos países, constituyen un medio importante para generar fondos para impulsar el desarrollo y crecimiento económico, o para brindar un servicio público esencial en los casos de infraestructura. Sin embargo, a pesar de su importancia fundamental, muchos gobiernos de países anfitriones carecen de una visión estratégica, de marcos normativos sólidos o de los recursos necesarios para planificar, preparar, negociar, supervisar e implementar esos proyectos, lo que limita la capacidad para maximizar los beneficios para su país. Además, desde la perspectiva de la empresa, los acuerdos desequilibrados pueden conducir a resultados de negociación adversos, vinculados a una seguridad reducida de títulos o concesiones, mayores posibilidades de actividades interrumpidas por protestas civiles y mayores riesgos por revisiones impositivas y otras condiciones.

El Centro de Inversión Sostenible de la Universidad de Columbia (CCSI, por sus siglas en inglés) ha estado trabajando con socios de academias, sociedades civiles y gobiernos para explorar cómo respaldar de manera más eficaz a los países ricos en recursos y con bajos ingresos en las negociaciones de proyectos de inversión a gran escala con inversores extranjeros, a fin de mejorar los resultados de esas inversiones. Con respecto a esto, uno de los vacíos que se identifican normalmente es la falta de conocimiento de las herramientas y de los recursos disponibles para los gobiernos, así como también una falta general de intercambio de conocimientos y coordinación entre los departamentos gubernamentales, los contribuyentes y los proveedores de respaldo en negociaciones que ayudan a los gobiernos.6

La necesidad de abordar el vacío en el intercambio de conocimientos y coordinación, mediante la mejora de accesibilidad y visibilidad de herramientas y recursos, y la asistencia técnica disponible para ayudar a los gobiernos en el proceso de inversión, incluye un plan del proceso de inversión, una base de datos con capacidad de búsqueda de los proveedores de respaldo, una lista con capacidad de búsqueda de herramientas y recursos útiles en Internet, y una lista de capacitaciones como cursos cortos y cursos de desarrollo profesional.

Si bien la audiencia principal serían funcionarios gubernamentales, legisladores y sus asesores, la información que se presenta también será útil para la sociedad civil y otras partes interesadas que quieran aprender más sobre el proceso de inversión y sobre cómo supervisar la implementación de proyectos de inversión.

Plan

El Plan está destinado a guiar al usuario por medio de las diversas etapas de planificación y preparación para una inversión a gran escala, de negociación de los principales términos de inversión, y luego de supervisión y gestión de la implementación de la inversión. Asume que el inversor es extranjero y que el objetivo de la negociación contractual es tener un resultado equilibrado y equitativo, que le asegure al inversor un rendimiento razonable y que impulse los objetivos de desarrollo sostenible del país anfitrión.

El Plan se divide en cuatro etapas:

Establecimiento del marco jurídico y de políticas: la etapa en la que un país identifica qué tipos de inversiones extranjeras son deseables, en qué sectores para impulsar los objetivos de desarrollo del país, y formula políticas claras que atraigan inversiones extranjeras directas y beneficien al país.

Etapa previa a la negociación: la etapa en la que un gobierno identifica un proyecto o una inversión particular y realiza estudios de factibilidad y evaluaciones de impacto ambiental y social. También es aquí donde un gobierno anfitrión debe preparar la documentación necesaria para llevar a cabo un proceso de licitación competitivo y transparente.

Etapa de negociación contractual: la etapa durante la cual se realiza la negociación real de un contrato de inversión entre un gobierno y un inversor. Incluye las preparaciones para la negociación, la formación de un equipo de negociación, el desarrollo de una estrategia de negociación y la negociación real.

Etapa de implementación y supervisión del contrato: etapa en la que se implementa el proyecto de inversión. Es esencial para la sostenibilidad y el éxito del proyecto que los gobiernos tengan la capacidad y los recursos para supervisar que las partes contratantes cumplan las leyes del territorio y el contrato, así como también el impacto de las operaciones y actividades afines en el ambiente y las comunidades afectadas.

Base de datos de los principales proveedores de respaldo

Es una base de datos por Internet con capacidad de búsqueda de los principales proveedores de respaldo que ayudan a los gobiernos en la planificación, preparación, negociación, supervisión e implementación de inversiones a gran escala. Incluye una breve descripción de cada proveedor de respaldo y criterios de búsqueda como enfoque sectorial, tipo de respaldo brindado y experiencia disponible, enfoque geográfico, tiempo de respuesta y, si es necesario, pagar honorarios o no.

Cada proveedor de respaldo brindó la información directamente en forma de respuestas en un cuestionario que se le solicitó completar. Las respuestas se obtuvieron con información adicional de entrevistas telefónicas con representantes de cada proveedor de respaldo, así como también de la información disponible al público de los sitios web de cada proveedor de respaldo. La información se actualizará de manera periódica.

Se espera que los gobiernos (y quienes los ayuden) usen la base de datos como un recurso cuando consideren buscar apoyo, y que los proveedores de respaldo existentes encuentren oportunidades para coordinar y colaborar con otros proveedores y los patrocinadores de cada respaldo.

Herramientas y recursos

Existe un depósito de herramientas y recursos útiles para funcionarios gubernamentales y legisladores. Incluye información de referencia de las industrias de extracción, los sectores de infraestructura, tierras y agricultura pertinentes a cada etapa del proceso de inversión, así como también directrices, guías de mejores prácticas, bases de datos de contratos existentes y anteriores, y algunos contratos modelos. El depósito no es en absoluto exhaustivo. Más bien, pretende incluir la información disponible en Internet que se considere pertinente, fácil de usar y válida en cada contexto. Las herramientas y los recursos están ordenados alfabéticamente y se pueden buscar de acuerdo con la etapa de inversión y con el sector a los que correspondan.

Capacitaciones

La sección de Capacitaciones incluye una lista de cursos cortos y de desarrollo profesional que se ofrecen a nivel mundial para ayudar a los funcionarios gubernamentales y a los legisladores en la planificación, preparación, negociación, supervisión e implementación de proyectos de inversión a gran escala.

Entre otras cosas, se creó una plataforma de información en línea (www.negotiationsupport.org), que se mejorará y ampliará continuamente. Se adoptó un código de conducta para el asesoramiento sobre los contratos de recursos extractivos y se llegó a un acuerdo sobre la prestación de apoyo a proyectos piloto para colocar expertos sobre el terreno en países en desarrollo ricos en recursos. La buena gobernanza, un marco jurídico apropiado y una administración transparente y competente son elementos clave y un foco de la cooperación mutua para países como Brasil, Chile, Perú, entre otros, mediante la asistencia en el uso de los recursos naturales.

Finalmente, los casos en que podemos reestructurar una empresa o un grupo de estas son diversos, lo importante será la evaluación financiera, legal, económica, fiscal, etc., de cada una de las alternativas y el valor agregado que al final obtengan los accionistas, sin dejar de mirar por otro lado al personal involucrado en estas operaciones corporativas, debido a que representan el pilar para la consecución de los objetivos previamente marcados.

Nuestro trabajo de reflexión sería que guiados por nuestros valores y principios compartidos, estamos decididos a trabajar en estrecha colaboración para cumplir con los complejos desafíos económicos y políticos internacionales de nuestro tiempo.

Referencias

1 Delgado Casillas, M. A. (s. a.). “Reestructuras corporativas”. Centro de Estudios Fiscales. Disponible en: http://www.cefa.com.mx/art_art120711.html

2 Idem.

3 Idem.

4 Leaders Declaration G7 Summit 7-8 June 2015, G7 Germany 2015 / Schloss Elmau.

5 CONNEX (2015). Code of Conduct.

6 Centro de Inversión Sostenible de la Universidad de Columbia (2015). “Un Portal para respaldar a los países anfitriones en la planificación, preparación, negociación, supervisión e implementación de proyectos de inversión complejos”. Negotiation Support Portal for Host Governments. Disponible en: http://negotiationsupport.org/es/un-portal-para-respaldar-los-pa%C3%ADses-anfitriones-en-la-planificaci%C3%B3n-preparaci%C3%B3n-negociaci%C3%B3n

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Precios de Transferencia. Aspectos relevantes en una reestructura de negocios

Comisión Regional de Precios de Transferencia

Región Centro-Occidente IMCP

Hoy más que nunca, las empresas y los grupos multinacionales se enfrentan a cambios globales, lo cual implica que sean cada vez más competitivas y, por ende, se vean obligadas a adoptar nuevos esquemas de negocios mediante la diversificación de sus actividades, con la finalidad de obtener mejores resultados

En este sentido es importante que las personas con el mando en las empresas (accionistas o directores) analicen y evalúen el mercado de manera constante para generar nuevas formas de negocio y hacer eficientes los recursos. Una alternativa para realizar lo antes mencionado es la reestructura de negocios.

Para llevar a cabo una reestructura de negocios de una empresa, esta debe ser regulada y monitoreada, no solo desde un punto de vista económico y contable, sino también legal, fiscal y de precios de transferencia.

En materia de precios de transferencia se puede definir como una reestructura de negocios a la redistribución trasnacional de funciones, activos o riesgos que llevan a cabo las empresas multinacionales.1 Las reestructuraciones de empresas pueden implicar la transferencia internacional de activos intangibles valiosos; sin embargo, no tiene por qué ocurrir siempre así́; además, puede implicar la finalización o la renegociación sustancial de acuerdos preexistentes, todo esto sin perder de vista la “razón de negocios”.

Asimismo, en la parte de precios de transferencia se debe observar lo mencionado en las Guías de la OCDE2 dentro de su capítulo “Reestructuración de empresas y precios de transferencia”, las cuales nos dan una serie de elementos que tenemos que tomar en cuenta en caso de llevar a cabo una reestructura de negocios, con el objetivo de valorar si la redistribución de utilidades que conlleva dicha reestructura va acorde con el principio de plena competencia (Arm’s Length).

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS REFERENTES AL ANÁLISIS FUNCIONAL (FUNCIONES, ACTIVOS Y RIESGOS)

El análisis funcional reviste una importancia fundamental en el contexto de las reestructuraciones empresariales. El análisis de la atribución de las funciones, activos y riesgos entre empresas asociadas es una parte esencial, ya que, por lo general, en el mercado libre se asocia que aquel que realiza un mayor número de funciones, posee más activos y asume mayores riesgos, le corresponde mayor beneficio. Podemos observar cuándo se llevan a cabo algunas reestructuras, las cuales suelen provocar que las operaciones locales se transformen en actividades de bajo riesgo (por ejemplo, distribuidores de bajo riesgo, o fabricantes por contrato) a los que se asigna un rendimiento relativamente bajo, y la empresa con la mayor rentabilidad se sitúa en algún país con régimen de baja imposición tributaria; este análisis es de suma importancia, ya que resultará un soporte para fundamentar que la reestructura se hizo bajo una noción de negocios y demostrar que terceros independientes realizarían operaciones en esas condiciones, de no ser así las autoridades fiscales podrían cuestionar la reestructura y eso originaría sanciones a las empresa que estuvieran llevándola a cabo; además, derivado de las modificaciones originadas por el plan BEPS y, específicamente, en la Acción 13, todos los contribuyentes obligados deberán revelar sus reestructuras corporativas y de esta manera los fiscos internaciones se podrán dar cuenta si estas fueron realizadas conforme a lo que terceros independientes hubieran llevado a cabo, de no ser así esto les podría ocasionar contingencias fiscales.

TÉRMINOS CONTRACTUALES

En las reestructuras corporativas es muy importante tomar en cuenta los términos contractuales, ya que son el punto de partida para determinar qué parte de la operación soporta el riesgo que esta conlleva; por lo tanto, que las empresas asociadas documenten por escrito sus decisiones sobre la atribución o transferencia de riesgos importantes antes de proceder a realizar la operación, en relación con la que se transferirán o soportarán dichos riesgos, constituye una buena práctica, así́ como el documentar la valoración de las consecuencias que entraña la redistribución de riesgos importantes respecto del beneficio potencial.

Cabe mencionar que los términos contractuales deben estar acorde con la realidad de la operación, ya que se podría dar el caso de que el contrato manifestara una situación diferente a la realidad de la reestructura corporativa y esto ocasionaría que las autoridades fiscales pudieran poner en duda si una pretendida atribución de riesgos entre empresas asociadas, basada en cláusulas contractuales, resulta o no coherente con la sustancia económica de la operación; por tanto, al examinar la atribución de riesgos entre empresas asociadas y las consecuencias de esta atribución respecto de los precios de transferencia, es importante revisar no solo los términos contractuales, sino también los siguientes aspectos:

  • Si la conducta entre las empresas asociadas se ajusta a la atribución de riesgos recogida en el contrato:
    • En las operaciones celebradas entre empresas independientes, la diferencia de intereses entre las partes garantiza su empeño en el respeto mutuo del contrato y en que las cláusulas contractuales únicamente se ignoren o modifiquen posteriormente, si es en beneficio de ambas partes. Esa misma diferencia de intereses puede no existir en el caso de partes relacionadas, por lo que es importante verificar si la conducta de las partes se ajusta a los términos del contrato o si, por el contrario, su forma de conducirse indica que no se han seguido los términos contractuales o que estos son una mera simulación. En tales casos, es necesario profundizar en el análisis para determinar los términos auténticos de la operación y, en caso necesario, recaracterizar la operación que realmente se llevó a cabo.
  • Si la atribución de los riesgos en la operación vinculada es de plena competencia:
    • Cuando los datos muestren una atribución de riesgos similar en operaciones no vinculadas comparables, la atribución de riesgos entre empresas asociadas se considerará de plena competencia. A tal fin, pueden encontrarse datos comparables en una operación entre una de las partes de la operación vinculada y una parte independiente (comparable interno) o en una operación entre dos empresas independientes, ninguna de las cuales interviene en la operación vinculada (comparable externo).
  • ¿Cuáles son las consecuencias de la atribución de riesgos?:
    • En general, las consecuencias que entraña la atribución de un riesgo asociado a una operación vinculada para una parte, cuando se considere que esa atribución es de plena competencia, son que dicha parte deberá́:
      • Soportar los costos, si los hubiera, de gestión (interna o a través de proveedores de servicios asociados o independientes) o de atenuación del riesgo (por ejemplo, los costes de cobertura o las primas de seguros).
      • Soportar los costos que pueda entrañar la materialización del riesgo. Esto incluye, cuando corresponda, los efectos previstos de dicha materialización sobre la valoración del activo (de inventario, por ejemplo) o la dotación de provisiones, según las normas contables y fiscales aplicables en el país.
      • Recibir una compensación mediante un incremento en el rendimiento esperado.
  • Cuestiones de cumplimiento
    • Una buena práctica que podrían seguir los contribuyentes es establecer un proceso que les permita determinar, controlar y revisar sus precios de transferencia, teniendo en cuenta el volumen de las operaciones, su complejidad, el nivel de riesgo y el hecho de que se desarrollen en un entorno estable o variable. Asimismo, evaluar si las atribuciones de riesgo efectuadas por un contribuyente son coherentes con el principio de plena competencia, para estar monitoreando las operaciones constantemente, ya que en un mercado cambiante lo que en un momento se pudo considerar adecuado hoy podría ya no serlo.
  • Compensación de plena competencia por la propia reestructuración:
    • En primer lugar, para determinar si las condiciones acordadas o impuestas en una operación de reestructuración empresarial son de plena competencia se recurrirá́ al análisis de comparabilidad y, en concreto, al examen de las funciones ejercidas, los activos utilizados y los riesgos asumidos por cada una de las partes, así́ como los términos contractuales, las circunstancias económicas y las estrategias empresariales; en otras palabras, conocer y tener bien identificada la razón de la reestructura siempre con una noción de negocio, conocer las partes involucradas en la reestructura y en qué jurisdicciones se encuentran; una vez comprendido todo esto, se está en condiciones de identificar operaciones no vinculadas potencialmente comparables a las operaciones de reestructuración y, así realizar un análisis de comparabilidad. Dicho análisis se orientará también hacia la valoración de la fiabilidad de la comparación y, cuando sea posible y necesario, hacia la determinación de los ajustes de comparabilidad razonablemente precisos que permitan eliminar los efectos importantes de las diferencias que se observen entre las situaciones objeto de comparación.

COMPRENSIÓN DE LAS RAZONES EMPRESARIALES PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y suS BENEFICIOS INCLUIDO EL PAPEL DE LAS SINERGIAS

Como se ha mencionado, un aspecto relevante en las reestructuras de negocios es la razón empresarial o razón de negocio, por la cual se realiza dicha reestructura, y que ante todo debe ser la que le da origen a la misma, cuyo objetivo es reorganizar sus estructuras para centralizar el control y la gestión de las funciones de fabricación, investigación y distribución. Los factores que pueden identificarse como importantes motivaciones para la reestructuración empresarial son, entre otros:

  • La presión que ejerce la competencia en una economía globalizada.
  • El ahorro que suponen las economías de escala.
  • La necesidad de especialización y de aumentar la eficiencia.
  • La reducción de costos.

Cuando un contribuyente plantea que la perspectiva de generar sinergias constituye una razón empresarial importante para proceder a la reestructuración, el contribuyente, como buena práctica, debe documentar, en el momento en el que se decide a efectuar la reestructuración o que se efectúa de hecho, cuáles son esas sinergias y en qué se basa para preverlas.

Es probable que este tipo de documentación se prepare a nivel de grupo con fines distintos de los fiscales, como apoyo en la toma de decisiones sobre la reestructuración.

CONCLUSIÓN

Debido a todos los cambios que se presentan en la economía mundial, son cada vez más recurrentes las reestructuraciones de los negocios; sin embargo, para efectuarlas se debe evaluar si la redistribución de utilidades que conlleva se realiza como se hubiera llevado a cabo entre partes independientes, para ello es fundamental tomar en cuenta varios factores como las funciones, activos y riesgos que llevan a cabo las empresas multinacionales; y la manera en que se distribuyen con la reestructuración, a su vez, un factor importante a identificar es la razón de negocio que motiva la reestructura; además, es imprescindible contar con toda la documentación para acreditar que la reestructura fue realizada como lo hubieran hecho terceros independientes en condiciones similares, y que no se realizó como una práctica agresiva para erosionar la base gravable, ya que de ser así las autoridades fiscales pudieran cuestionar dicha reestructura y generar sanciones a las empresas que forman parte en la reestructura.

1 Aunque no existe una definición jurídica universalmente aceptada de este concepto, la OCDE lo define en los términos que se expresan en el capítulo IX de las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias 2010.

2 Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias.

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Aplicación de las ISSAI y fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores

Mtro. y C.P. Óscar Rosales Jiménez/Miembro de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.

Las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(ISSAI, por sus siglas en inglés) fueron emitidas en 1992 por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), como Normas Profesionales de Auditoría de la INTOSAI. A partir de entonces, tales normas fueron enmendadas en 1995, en 2001 se incluyeron en el Código Ético de INTOSAI, y en 2007 se adoptó un solo marco para unificarlas y denominarlas como se indica: ISSAI.

La propia International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) plantea dos consideraciones peculiares sobre sus disposiciones: la primera, que aun cuando se emplea la expresión “normas”, dicha palabra debe interpretarse como sinónimo de “directrices”, porque expresan el consenso de las opiniones de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) sobre las “mejores prácticas” aplicables. La segunda consideración, por lo tanto, es que la aplicación de tales normas queda a juicio de la esfera de competencia de cada EFS, en función de su compatibilidad con el cumplimiento de su respectivo mandato.

El marco global completo de las ISSAI lo constituye la Declaración de Lima, como fundamento de los conceptos generales sobre la auditoría del sector público; el Código de Ética, como declaración de los valores y principios en apoyo a los auditores que ejecutan la labor fiscalizadora; las propias normas, en sus cuatro niveles: 100, Postulados Básicos de la Fiscalización Pública; 200, Normas Generales de Fiscalización Pública; 300, Normas de Procedimiento en la Fiscalización Pública; y, 400, Normas para la Elaboración de los Informes en la Fiscalización Pública, y otras directrices, como asistencia práctica para implantar y adaptar las ISSAI.

Por lo tanto, las ISSAI se dividen en cuatro partes: postulados básicos, normas generales, normas de procedimiento y normas para la elaboración de los informes. Estas normas ofrecen un marco referencial para establecer procedimientos y prácticas por emplear en la ejecución de las labores de fiscalización pública, siempre a la luz del marco legal aplicable a cada EFS. Tales directrices de auditoría constituyen los criterios a partir de los cuales se evalúa la calidad de los resultados de la fiscalización pública.

La propia ISSAI 100 establece, en sus párrafos 3 y 4:

[…]

3. Los postulados básicos son hipótesis básicas, premisas coherentes, principios lógicos y requisitos que contribuyen al desarrollo de las normas de auditoría y sirven a los auditores para formar sus opiniones y elaborar sus informes, especialmente en los casos en que no existan normas específicas aplicables.

4. Las normas de auditoría han de ser consecuentes con los postulados básicos y constituyen una guía mínima para el auditor, que le ayuda a determinar la amplitud de su actuación y los procedimientos que deben aplicarse en la fiscalización…

Revisemos ahora cómo ha evolucionado en México la adopción de las ISSAI.

Desde el principio de la segunda década del siglo XXI, la Auditoría Superior de la Federación, en su carácter de entidad fiscalizadora superior, hizo patente la necesidad de establecer un Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) para facilitar la revisión de las cuentas rendidas sobre el ejercicio de los recursos públicos en México. A esta iniciativa se sumaron la Secretaría de la Función Pública, las entidades de fiscalización superior locales y los órganos estatales de control, es decir, los pares a escala federal y estatal responsables de las labores de auditoría externa en los poderes legislativos y de auditoría interna en los poderes ejecutivos (federal, estatal y municipal).

En 2012, luego de dos sesiones plenarias previas, al interior del SNF se aprobó el Plan Estratégico 2013-2017, en el que se alinearon seis grandes metas institucionales, la primera de ellas referida a “Normas profesionales comunes a nivel nacional”. Cabe acotar que el SNF entró en funciones con antelación al hecho de dotar al país de un marco constitucional propio en materia de anticorrupción (acaecido en 2015), cuyas leyes secundarias se promulgaron el 18 de julio de 2016, y dentro de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), específicamente en el Título Tercero, se señala la definición, integración y funcionamiento del SNF.

Así, entre junio de 2015 y julio de 2016, una vez reconocida la existencia del SNF, se suscribieron las Bases Operativas para su funcionamiento. Para mayores detalles sobre los orígenes y antecedentes del SNF, consultar el sitio web: http://www.snf.org.mx, en la sección de información.

La LGSNA, en su artículo 42, señala:

Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización deberán homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización. Asimismo, el Sistema Nacional de Fiscalización aprobará las normas profesionales homologadas aplicables a la actividad de fiscalización, las cuales serán obligatorias para todos los integrantes del mismo.

Este precepto da cuerpo y sentido pleno a la primera meta acordada en el Plan Estratégico del SNF antes referido.

Conforme a dicho Plan Estratégico, en noviembre de 2014, dentro de la V Sesión Plenaria del SNF, se presentó el libro Normas Profesionales de Auditoría del SNF (NPASNF), en el que se desarrollan en tres niveles, a saber: 1. Líneas básicas de fiscalización en México; 2. Principios y valores de la fiscalización pública, y 3. Principios fundamentales de auditoría del sector público (financiera, de desempeño y de cumplimiento). El documento puede descargarse en la siguiente dirección electrónica de Internet: http://www.snf.org.mx/normas-profesionales-1.aspx

Como lo reconoce el Preámbulo General de dicha publicación, las NPASNF están basadas en las ISSAI y constituyen un marco de referencia para sistematizar la práctica de auditoría cuya naturaleza es enunciar principios, plantear conceptos y establecer requisitos mínimos necesarios para garantizar la calidad de los servicios de los entes auditores que, como cualquier ente público, están obligados a rendir cuentas satisfactorias sobre su desempeño.

Al equiparar las NPASNF con las ISSAI, advertimos que aquellas cubren prácticamente la totalidad del marco global de estas últimas, y que particularmente en tanto normas propiamente dichas, solamente vinculan los niveles 100 y 200 (postulados básicos y normas generales, respectivamente). En el cuadro 1 se presenta la comparación de las disposiciones vigentes, tanto de INTOSAI como del SNF.

Cuadro 1. Comparación de normatividad fiscalizadora

Marco global ISSAI Marco NPASNF
1, Declaración de Lima 1, Líneas básicas de la fiscalización

en México

10, Declaración de México sobre independencia de las EFS 10, Principios de autonomía de los organismos auditores
12, El valor y beneficio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores-Marcando la diferencia en la vida de los ciudadanos 12, El valor y beneficios de la auditoría del sector público
20, Principios de transparencia

y rendición de cuentas

20, Principios de transparencia

y rendición de cuentas

30, Código de Ética 30, Código de ética
40, Control de calidad para las EFS 40, Control de calidad para 

los organismos auditores

100, Postulados básicos de la Fiscalización Pública 100, Principios fundamentales

de auditoría del sector público

200, Normas Generales de Fiscalización Pública
300, Normas de Procedimiento en la Fiscalización Pública
400, Normas para la elaboración de los informes en la fiscalización pública
200, Principios fundamentales

de auditoría financiera

300, Principios fundamentales

de la auditoría de desempeño

400, Principios fundamentales

de la auditoría de cumplimiento

Otras directrices: GOV 9100 Guía para las normas de control interno del sector público Marco Integrado de Control Interno 2014

Se aprecia que la estructura del marco global de las ISSAI es una remembranza de la clasificación clásica de las normas de auditoría desarrolladas por la profesión contable (personales, de ejecución del trabajo y de la información que rinde el auditor y su responsabilidad sobre esta). En tal sentido, la ISSAI 300 establece las reglas de investigación aplicables para alcanzar resultados concretos en las auditorías, y que básicamente consideran los siguientes temas: planeación; supervisión y revisión; examen y evaluación del control interno; conformidad a las leyes y reglamentos vigentes; pruebas de auditoría; y, examen de las cuentas.

Por otra parte, en la ISSAI 400 se plantea la emisión de opiniones e informes según el tipo de revisión practicada (financiera, de regularidad u operacional de gestión, y de cumplimiento), así como las condiciones de forma y contenido que deben observarse, y el tratamiento de las irregularidades o incumplimientos detectados. Hasta esta parte, no existen diferencias sustanciales con la práctica de una auditoría que se ajuste a la aplicación de un juicio profesional sólidamente fundamentado en las técnicas de revisión, y madurado conforme a la experiencia del equipo auditor.

Pasemos a la cuestión relativa al fortalecimiento de las EFS. Por principio de cuentas, es indudable que los términos fiscalización y auditoría empiezan a homologarse para entenderse de manera similar en el contexto de la auditoría gubernamental. Esta sutil percepción de la terminología durante bastante tiempo hacía diferencia, porque la fiscalización se reservaba exclusivamente para los entes de fiscalización superior dependientes de las legislaturas, en tanto que la auditoría se debatía entre su carácter público o gubernamental cuando en realidad su campo de acción era el mismo, generalmente en la esfera de los poderes ejecutivos (federal, estatal y municipal).

Hoy en día, hablar de fiscalización o de auditoría nos lleva al mismo entendimiento conceptual: la revisión, por profesionales expertos, de las cuentas rendidas por los responsables de los gobiernos sobre la utilización y aprovechamiento de los recursos públicos en el logro de los objetivos estratégicos de los entes públicos, a la luz de los compromisos adquiridos o propuestos como pauta del desarrollo nacional, y su réplica a escala regional y local.

Sin embargo, todavía subsiste en México una tendencia dedicada a dar cuenta y razón del ejercicio del gasto público, sin tomar en cuenta, como es debido, el logro de objetivos institucionales. ¿De qué vale reportar en un informe de auditoría que cada peso del presupuesto fue gastado y comprobado a cabalidad, si no se logran avances en los objetivos de corto, mediano y largo plazo que deberían contribuir al desarrollo institucional y, por ende, del país?

Actualmente, la labor de auditoría interna está sustentada en el análisis de los riesgos que amenazan al cumplimiento de los objetivos institucionales de carácter crítico o estratégico, es decir, las auditorías han de enfocarse hacia aquellos temas que se perciben como catastróficos u obstaculizadores al logro de los objetivos fundamentales de una organización y, de no ser así, esa labor auditora se está desperdiciando. Asimilar este emparejamiento entre el cometido de la planeación estratégica y la necesaria acción de auditoría interna para coadyuvar en su consecución, suele soslayarse ante el evidente descuido que prevalece en el ejercicio presupuestario en México.

El modelo de tres líneas de defensa (donde la tercera es precisamente la función de auditoría interna), alineado con un modelo de gobierno corporativo que define distintos roles y clasifica las áreas funcionales y de responsabilidad en tres niveles de actividad que garantizan la gestión de riesgos de manera eficaz, propicia que los auditores internos asuman un perfil más sofisticado y desempeñen un rol de consultor de alto nivel, sin involucrarse de manera directa en la gestión de riesgos corporativos. Esta es una manera de cómo los entes fiscalizadores se fortalecen, en este caso los que fungen como órganos internos de control de los poderes ejecutivos (federal, estatal y municipal).

En el caso de las contrapartes, o sea los entes fiscalizadores que reportan a los poderes legislativos, el principal punto que imperiosamente debe fortalecerse en México es el de su autonomía e independencia.

Si bien la NPASNF 1 plantea, tanto la necesidad de que las EFS sean autónomas técnicamente en su gestión –y no tengan un vínculo de subordinación respecto del ente auditado– como que sus titulares mantengan una actitud de independencia que los aleje de conflictos de interés reales o potenciales y los mantenga libres de influencias de los entes auditados, es una realidad evidente que los partidos políticos ejercen una práctica perniciosa: otorgan su apoyo o veto (según sea el caso) para el nombramiento de los titulares de las entidades de fiscalización superior, de modo que respondan más a intereses de grupo que a los nacionales o estatales.

¿Cómo el titular de una EFS, que fue propuesto o designado ahí precisamente por el responsable máximo de los entes auditados, va a ejercer sus labores de fiscalización con autonomía e independencia? ¿De veras actuará con apego a la ética y a la legalidad cuando comparte los mismos colores partidistas (o al menos simpatiza con ellos) de quien está a cargo de las funciones de gobierno? ¿Se abstendrá de teledirigir auditorías bajo consigna o por encargo hacia los adversarios políticos? ¿Y si le cierran la llave del presupuesto destinado a la EFS? Dilemas semejantes son los que deben enfrentarse de continuo; basten los ejemplos de ex gobernadores recientes como botón de muestra…

Es urgente que las tareas de fiscalización pública se lleven a cabo bajo una premisa fundamental: ya basta de corrupción e impunidad. El SNF, como componente del Sistema Nacional Anticorrupción, está en posición de tener la última palabra.

Posted in 07_julio_170 Comments

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