Integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción 2019-2021
Contadora Pública Certificada, con maestría en Auditoría por la UNAM. Se ha desempeñado como presidenta de Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. y como consultor independiente del Banco Mundial
¿Cuál es la importancia de la Contaduría Pública al ser una ciencia multidisciplinaria?
Rosa María Cruz Lebros. El tema de la multidisciplinariedad ha derribado fronteras entre los países. Lo importante es aprender a vivir con esta manera de ser profesionistas, pues necesitamos conocer otras materias que antes no nos eran necesarias, por ejemplo, la Tecnologías de la Información (TI). Ahora tenemos que interactuar con esa materia y otras más, como en el ámbito legal. Es decir, la fronteras se han roto y tenemos que aprovechar las otras profesiones para incorporar esos conocimientos a nuestra visión profesional.
Debemos orientar nuestras peticiones e incursionar en estas, sin pretender ser expertos, pero sí enfocarnos en las necesidades básicas para pedir, guiar y utilizar los servicios de otras profesiones.
En consecuencia, para la Contaduría Pública el reto son las TI que, de alguna manera, han suplido las habilidades, así que quien ejerza el juicio profesional, determinará lo que debe entrar a un sistema y qué reportes necesita, pues las máquinas nunca suplirán a los humanos.
Armando Roldán Pimentel. Además de contribuir a generar información cuantitativa y concretamente económico-financiera de una organización pública o privada, permite también medir, evaluar, analizar e interpretar información financiera y cualitativa, motivando la credibilidad y que su uso sea útil para el progreso de la sociedad, lo cual requiere tener personal con una preparación multidisciplinaria, ya que, en la actualidad, aparte de auditorías financieras realizamos auditorías de cumplimiento, de inversiones físicas, al desempeño y forenses, para evaluar además de la comprobación del gasto, la eficaz utilización de los recursos públicos, la profesionalización de la gestión pública, el cumplimiento normativo en la acción administrativa y la publicación de la información; es decir, asegurar que el ejercicio sea eficaz y eficiente para el logro de los objetivos establecidos.
Armando Roldán Pimentel
Auditor Superior del Estado de Hidalgo
Licenciado en Contaduría, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Maestro en Impuestos y Doctor en Ciencias de lo Fiscal, ambo por el Instituto de Especialización para Ejecutivos
Contador Público Certificado y Profesional Certificado de la Disciplina de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, ambas certificaciones por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
Experto en auditorías en el ámbito financiero-fiscal y en la prestación de servicios de asistencia contable- fiscal administrativo para el sector privado.
En el sector público, ha elaborado auditorías financiero- administrativas a instituciones pública estatales y federales, además de prestar servicios
de auditoría externa para la determinación y pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del Estado de México.
Ante los nuevos paradigmas y políticas públicas de la administración pública en materia de austeridad y ahorro, responsabilidades administrativas, armonización contable, rendición de cuentas, combate a la corrupción y enfoque en los derechos humanos, entre
otros ¿cuál ha sido el reto más significativo para la profesión contable?
RMCL. Empezando por el tema de la austeridad, me parece que no es cuestión de ser austero, sino de saber gastar bien; no es cuestión de ahorrar, sino de usar lo que se tiene de manera suficiente. Mi enfoque es distinto, pues no hay que ahorrar por ahorrar, saber cuáles son las prioridades y cuánto hay. En este sentido, hay que ser eficientes con los recursos y lograr los objetivos, de acuerdo con la prioridades, pues es común que un presupuesto no sea suficiente; pero, lo importante
es medir riesgos, ver prioridades y enfocarse en los esfuerzos.
En cuanto a la rendición de cuentas, distingo que la transparencia de esta es un derecho que se encuentra en el artículo sexto Constitucional; es decir, la rendición de cuentas es una obligación de quien gobierna, ya que es el derecho del ciudadano.
Se complementa desde dos enfoques distintos, aunque muchas veces los términos se dicen de corrido, pero tienen sus matices, entonces tenemos que ver conclusiones en la rendición de cuentas porque somos expertos en aplicar nuestros conocimientos: cómo generar información, cómo emitirla de manera laboral, de acuerdo con las normas que nos rigen y cómo hacer
cambios legislativos para que estas se asimilen cada vez a los mejores estándares internacionales. Aunque en este punto nos falta mucho por hacer en cuestiones contables.
Respecto a la lucha contra la corrupción claro que la corrupción contable tiene mucho que ver y creo que los politólogos no lo consideran tanto, pero los Contadores sabemos leer los números, sabemos desmenuzarlos
para, a partir de ahí, tener conclusiones y saber dónde están los grandes huecos que provocan áreas de riesgo. Nosotros podemos auditar, fiscalizar y sacar conclusiones no únicamente para pescar fraudes, sino para detectar las áreas donde debemos implementar mejores controles; es decir, por esa parte podemos aportar muchísimo.
En lo que se refiere a los derechos humanos, la profesión contable los vigila por medio de la rendición de cuentas, pues todo acto de corrupción es una obligación y un derecho.
ARP. Actualmente, la sociedad demanda conocer el destino y la eficiencia del gasto público, partiendo del hecho de que la política del gasto es el mejor instrumento de la política pública para reducir la desigualdad en la distribución del gasto y el bienestar social, ejercer el gasto con responsabilidad se refiere a hacer más con menos, lo que permite mejorar en gran manera el control interno de las instituciones públicas, que se responsabilicen en mejorar el uso del dinero y justificar responsablemente el gasto.
Es así como el control interno nos permite ejercer acciones preventivas considerando que es la primera línea de defensa contra actos de corrupción, para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, evitando actos de corrupción que constituyan faltas administrativas graves y se ejerzan acciones sancionatorias.
Además, con la implementación de la armonización contable nos ha permitido que los estados y municipios apliquen los mismos principios, reglas e instrumentos que la contabilidad gubernamental establece, para facilitar, tanto el registro contable como la fiscalización de los recursos públicos, evaluando sobre todo la eficiencia, la eficacia y la economía.
¿Cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el cumplimiento de los objetivos incluidos en dichos paradigmas y
políticas públicas, en sus diferentes niveles? y ¿qué puede mejorar la participación y vigilancia ciudadana para tal efecto?
RMCL. Yo hablaría de la sociedad civil en tres grandes ramos: uno es la sociedad de a pie, es decir, somos cualquiera de nosotros, como ciudadanos e individuos que tenemos derechos y choques contra la autoridad; asimismo, somos objeto de violación de los derechos humanos en actos de corrupción en un trámite cualquiera, en una multa, en nuestro transitar como una parte de la sociedad.
Otra parte de la sociedad civil la integran las organizaciones que se han dedicado a la lucha por los derechos humanos y al estudio de los temas de corrupción; por ejemplo, tenemos a México Valúa, Transparencia Mexicana, IMCO, Mexicanos contra la corrupción, las cuales tienen mucha relevancia, porque hacen seguimiento e incursionan en la vigilancia de la actuación de las autoridades.
Ahora bien, la sociedad civil organizada, que no necesariamente tiene que ver con el estudio de estos temas, son los gremios de contadores, abogados, arquitectos, médicos. Por ejemplo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) o el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cada una de estas organizaciones tiene un enfoque diferente, pero todas están preocupadas por estos temas, así que estamos tratando de hacer puentes para generar trabajos coordinados que nos orienten a nuevas políticas públicas que influyan en este sentido.
Aquí quiero mencionar que los Contadores sabemos que la corrupción no se acaba, que es un riesgo, pero también que somos expertos en la medición de los riesgos para saber en dónde pueden presentarse, qué repercusión podrían tener y qué medidas de control debemos establecer. Es decir, la corrupción se detecta, se enfrenta y se minimiza en sus incidencias. Por medio de los diferentes grupos de la sociedad podemos establecer estrategias y tener una política nacional anticorrupción que atiende a estos tres enfoques.
ARP. Las organizaciones de la sociedad civil se constituyen como un elemento importante de la figura del parlamento abierto, para promover la eficiencia y eficacia de la gestión gubernamental y los funcionarios públicos, coadyuvando así, a una mayor transparencia y rendición de cuentas de los ejecutores del gasto.
La vigilancia ciudadana representa uno de los principales observadores del ejercicio del gasto, ya que lo hacen en tiempo real como beneficiarios de las obras públicas, de las acciones y apoyos asignados, razón por la cual se ha promovido la figura de la denuncia ciudadana. Lograr una mayor participación ciudadana nos permitirá fomentar en gran medida la realización de auditorías censales y no muestrales.
¿Cómo podría mejorar la participación de la Contaduría Pública?
RMCL. Tenemos los tres enfoques señalados, los instrumentos de encuesta para el público en general, de donde rescatamos las incidencias de corrupción; también tenemos al INEGI que nos está acompañando para hacer un nuevo censo que mida la corrupción, en donde toda la sociedad será censada y se le pediría que conteste con toda honestidad para obtener datos reales; esto ya está en un pilotaje y se está dando; asimismo, tenemos datos que se recogieron en encuestas anteriores, que miden temas de corrupción, hay dos maneras de hacerlo: por medio de precepciones o de datos duros; de este modo, estamos recogiendo lo que el INEGI ya ha medido y nos da pauta para saber dónde está la corrupción y cómo se
ha comportado a lo largo del tiempo.
¿Qué controles hace falta implementar o promover para frenar la corrupción y evitar la impunidad en México?
RMCL. Tenemos 60 líneas prioritarias para esto, que son el resultado de la política nacional anticorrupción, y si cada una tiene 10 acciones, entonces estamos hablando de 600. Sin embargo, básicamente debe haber una conciencia ciudadana para la denuncia y para acompañar esa denuncia tenemos que generar plataformas de protección a denunciantes, ya que eso aún no está claro.
La Secretaría de la Función Pública acaba de lanzar una plataforma que se llama Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, con lo cual se pretende que las denuncias puedan ser anónimas como una primera medida de protección; el problema es que si la denuncia anónima no tiene el suficiente sustento con elementos de prueba que conduzcan a
una investigación y sanción, todo se dificulta; pero se están haciendo los primeros intentos. Asimismo, la Fiscalía Anticorrupción está tratando de generar una plataforma de denuncias, en donde se reúnan las que tengan relación con autoridades estatales, municipales o federales.
ARP. Actualmente existen mecanismos enfocados en prevenir, detectar y sancionar la corrupción, como es el caso, en el ámbito público, de los sistemas locales y nacionales de anticorrupción, armonización contable, transparencia y fiscalización, por mencionar algunos; y por lo que hace a la iniciativa privada, organizaciones o asociaciones civiles, lo que sigue es
coordinar todas estas instancias para evitar duplicidad de funciones y potencializar sus atribuciones alineadas al mismo fin.
Desde el punto de vista preventivo es necesario fortalecer la educación cívica desde las instituciones de enseñanza básica, reforzando los principios que obtenemos en casa, motivando una convivencia en armonía con la dinámica y exigencias de una sociedad activa, como es lo de hoy.
¿Cuál ha sido el principal reto para la adopción del Servicio Profesional de Carrera en las administraciones públicas de México?
RMCL. Hay quienes lo ven con muy buenos ojos y otros no porque podría ser un cuello de botella; el Servicio Profesional de Carrera funciona para el ingreso, para la permanencia o para la baja, y su bondad consiste en que, si trabaja bien y es bien operado se tendrán los mejores perfiles para los puestos que se están concursando.
El momento del ingreso no debe prestarse a que las vacantes se llenen por recomendados, sino por gente que posee las capacidades para cubrir los puestos; ese es el espíritu del Servicio Profesional de la Carrera, pero sabemos que en los hechos no opera así, que se vuelve “perverso” porque alguien, de alguna manera, llegó al servicio y resulta que apela a su carácter de inamovilidad, cuando lo que se debe hacer es medir el desempeño, lo cual marca quién ya no debe pertenecer al servicio.
A pesar de lo anterior, es bueno, pero es difícil que opere de manera que logre sus objetivos. Los servicios profesionales de carrera que tenemos no siempre protegen a la gente que vale la pena que se quede, pues sabemos
que sigue siendo común que, a la llegada de nuevas autoridades, arriban nuevos equipos y no siempre con las mejores características profesionales y técnicas.
ARP. La parte presupuestal. El servicio profesional de carrera implica la inversión de recursos financieros para el fortalecimiento y profesionalización de los servidores públicos, que nos permita incrementar la calidad profesional del personal, mejorando los resultados de acuerdo con sus responsabilidades y promoviendo la función multidisciplinaria, así como la integridad de estos..
Respecto al uso de las TIC ¿cuál ha sido la aceptación y adaptación por parte de los Contadores Públicos ante esta situación?
RMCL. Debemos reconvertir el uso de las TIC para sacar lo mejor de la profesión contable, es la aplicación del uso profesional de las herramientas. Es adaptarse o morir.
ARP. El efecto es positivo, la sistematización de los procesos contables y de fiscalización posibilita la automatización de tareas manuales que consumen mucho tiempo, lo que permite, en el caso de los auditores, disponer de tiempo para destinarlo al análisis de datos (Big Data), que es el proceso de analizar grandes volúmenes de información, con el fin de validar procesos de manera automatizada, y construir desde la planeación de la auditoría, indicadores que permitan focalizar de mejor manera las áreas de mayor riesgo, lo que, a su vez, conduce a una identificación temprana del fraude y de los propios riesgos en el ejercicio del gasto.
¿Cómo vincular las TI (entre la comunicación de la sociedad civil, la academia y el sector empresarial) con las instituciones encargadas del combate a la corrupción?
RMCL. Lo primero que se debe lograr es el Papers Dis con el uso de las TIC, pues ya no puedes emitir papel, sino un documento válido con la firma del SAT, ¿por qué es válido para presentar tu declaración y no lo es para firmar un oficio? Ahora un oficio interno en una instancia de gobierno no lo puedes destruir o desaparecer porque se queda en la nube y nadie puede llegar a la nube a robársela. En consecuencia, el uso de las TI facilitan las medidas ambientales al no contribuir a tirar tantos árboles; son una medida de seguridad que evita la corrupción, porque lo que firmaste nadie lo va a sustraer; asimismo, queda muy claro quién tiene que firmar un documento para que siga el proceso; por último, en cuanto a las adquisiciones, si no se firma, no sigue el cheque, y quien lo firmó tiene un rastreo.
ARP. Las TI nos permiten mejorar el nivel de fiscalización en las entidades locales fiscalizadoras, aprovechando el poder de la tecnología para promover la transparencia en todos los aspectos de la administración
gubernamental, eficientando de manera positiva el sector público, mediante la presentación y publicación de la información electrónica que manejan las entidades fiscalizadas. Asimismo, nos permite realizar accionescoordinadas con los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción para promover el adecuado ejercicio del gasto público, fortaleciéndose mediante la promoción de recomendaciones no vinculantes y de exhortos para el adecuado ejercicio del gasto.
¿Cuál es la transcendencia de la evaluación de la gestión de las administraciones públicas en nuestro país, por medio de indicadores e
indicies de medición?
RMCL. Creo que estas cuestiones de la evaluación de resultados y del sistema de evaluación del desempeño han llegado para quedarse. A pesar de los cambios de las autoridades, esta visión de la medición de resultados con índices que señalen quién es el responsable, los tiempos de espera para aplicar el índice y, sobre todo, alinearlos a la admisión, es una visión distinta de la institución y tienen que dar datos de cómo van, si los índices fueron bien planteados y si las acciones que se buscaron para lograr los objetivos fueron los adecuados.
Es decir, es una metodología vigorosa y que bien utilizada sirve para tomar decisiones, de manera fácil; el problema está en la construcción de los índices, saber qué índices escoges para medir, qué quieres medir, pues se generan índices tras índices que luego cuesta más trabajo medirlos que la información que dan, pues hay una premisa muy importante en el sistema
de la evaluación del desempeño, que es en donde se ha
estado fallando.
ARP. Partiendo del hecho que los indicadores de evaluación de la gestión pública, tiene que ver con medios, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta qué punto o en qué medida se están logrando los objetivos
institucionales. Los indicadores de evaluación nos permiten identificar los riesgos de incumplimiento de manera oportuna, adoptando las medidas correctivas necesarias, diseñando las actividades de control como son políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos que contribuyan a dar respuesta a los riesgos asociados, al logro de las metas y objetivos institucionales, como parte de la eficiencia y eficacia de las políticas públicas.
¿Cuáles son las tareas pendientes en la agenda ciudadana de anticorrupción en los diferentes niveles de gobierno en México?
RMCL. En cuanto a la conformación del sistema ya estamos prácticamente listos en las 32 entidades federativas, aunque nos falta Chiapas, que es el estado más atrasado en cuanto a su reforma legislativa y, por lo tanto, a la constitución del sistema estatal; también nos falta la Ciudad de México, Campeche y Morelos. La primera es el cambio legislativo; la segunda es que
exista una Comisión de Selección, que elija a los ciudadanos; la tercera es la conformación del Comité Coordinador de las siete instituciones que forman el sistema anticorrupción y que tengan un secretario ejecutivo que le dé el soporte en las acciones de coordinación. En este sentido, la Ciudad de México ya está preparada, pues han terminado las entrevistas de los candidatos para integrar el Comité de Participación Ciudadana Nacional.
Sin embargo al estado de Morelos le falta el secretario ejecutivo, y solo faltan pequeñas adecuaciones legislativas en otras entidades federativas como Nuevo León y Chihuahua que acaban de sacar su nueva Ley de
Fiscalización Especializada; es decir, vamos muy adelantados y estamos avanzando; tenemos la red del Comité de Participación Ciudadana con alrededor de 150 personas, el cual está configurado a escala nacional y
tiene que adecuarse a las acciones generales, pues esta política no respeta fronteras entre un estado y otro, ya que se realizan acciones conjuntas o regionales sistemáticas organizadas, por medio de nosotros.
ARP. Lograr la homologación de los procesos de fiscalización y el marco jurídico para impulsar el fortalecimiento de las instituciones fiscalizadoras y la adopción de mejores prácticas.
Para finalizar, ¿de qué manera contribuye esta profesión a la política pública para combatir la corrupción?
RMCL. En particular, somos los expertos en medición de riesgos, en la extracción de controles, en la fiscalización y en encontrar las áreas de oportunidad de trabajo dentro de las instituciones. Creo que con esta investidura podemos encontrar esto cuatro aspectos.
Contribuimos en mucho, y algo interesante que saqué del censo, es que los Comités de Participación Ciudadana estatal tienen 30% de Contadores Públicos, 40% de abogados y el resto lo tienen otras profesiones.
Es decir, tenemos presencia en los comités y trabajamos en medidas para un quehacer ético, porque si no somos éticos en el ejercicio de estas
habilidades, de nada sirve trabajar sin la conciencia de una ética.
Estoy muy contenta de encontrarme en esta posición y agradezco el apoyo que siempre he tenido de mi Colegio, ya que, como Contadores Públicos podemos hacer mucho desde nuestra labor diaria, al poner a la profesión contable al servicio y bienestar de la sociedad.
ARP. El Contador Público es una pieza fundamental para el combate a la corrupción en la administración pública, ya que el actuar incorrecto de los Contadores podría suponer una omisión en la prevención o detección de actos de corrupción, lo que puede dañar su imagen de objetividad, independencia, responsabilidad y de aplicación ética, ya que la corrupción la debemos entender como la “acción de incitar o forzar a una persona a realizar actos contrarios a la moral o a la ley”, pues, tanto es corrupto el que ofrece como el que acepta en un acto ilegal.